El 18 de octubre de 2012 inició en Oslo, Noruega, uno de los procesos más importantes para buscar la paz en Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, después de largas y secretas conversaciones, decidieron sentarse para dialogar sobre los problemas más acuciantes de su país. Ese día el mundo pudo ver, en directo, como cada delegación respondía al reto de la historia desde sus demandas políticas. Los diálogos continuarán el 15 de noviembre en La Habana, Cuba.
Aquí se revelan algunos aspectos que ahondan la posición de las FARC respecto al momento histórico en el que se dan estos nuevos diálogos. Las respuestas fueron escritas por Iván Márquez, Ricardo Téllez, Jesús Santrich, Marcos Calarcá y Andrés París.
¿Cuáles fueron los principales argumentos para empezar un nuevo proceso de diálogo por la paz en Colombia?
Desde siempre hemos buscado una salida dialogada al conflicto social y armado que vive Colombia. Las banderas de la paz pertenecen al pueblo y somos parte sustancial del mismo. Tras más de 50 años de continuos fracasos del Estado y los sucesivos gobiernos en la lucha contrainsurgente, ahora dan muestras de realismo político y militar. Nos buscan para dialogar y encuentran a un interlocutor dispuesto a hacerlo, teniendo en cuenta que si hay voluntad política de la contraparte se podrá avanzar hacia una paz con justicia social.
¿En qué momento y cuáles son los elementos que incidieron para que Juan Manuel Santos decida tratarlos como fuerza beligerante y no como terroristas?
Nos trata como insurgencia obligado por la realidad. El cumplimiento del compromiso de aniquilarnos militarmente adquirido por el gobierno anterior ante la Casa Blanca fracasó, como fracasaron igualmente los programas impuestos: el Plan Colombia y sus variantes el Plan Patriota y el Plan Consolidación, entre otros, obligando a la oligarquía, en cabeza de Juan Manuel Santos, a reconocer la existencia del conflicto social y armado que afronta el país. Esa realidad obligó al reconocimiento de hecho de nuestro carácter de fuerza beligerante, aunque ellos no lo quieran reconocer a través del derecho, pese a que tengamos todos los requisitos: somos una organización político-militar con mando centralizado; nos guiamos por nuestras propias normas organizativas y disciplinarias; estamos desplegados en todo el territorio nacional; nuestros combatientes visten uniforme y portan visiblemente sus armas y en la mente llevan el programa revolucionario de la Nueva Colombia, la Patria Grande y Socialismo. La imputación de terroristas no se la creen ni los mismos que nos la han achacado.
¿Es legítimo sentarse a negociar con un Estado que muchas veces ha actuado de acuerdo a los lineamientos de EE.UU. de considerar a Latinoamérica como un patio trasero de experimentos bélicos para apropiarse de recursos naturales?
Las FARC-EP no están negociando nada, porque nada tiene que negociar. Dialogamos con el gobierno en la búsqueda de una salida política al conflicto social y armado. La permanente injerencia de los EE.UU. y otras potencias en Colombia es una de las causas fundamentales de la guerra que sufre nuestro pueblo. Sin esa abundante ayuda económica y militar (Colombia es el tercer país receptor de ayuda militar gringa), sin el recibimiento de asesores, de equipamiento y entrenamiento de tropas, de soportes en el área de la inteligencia militar, el ejército oficial habría colapsado hace rato. El Estado colombiano, cumpliendo órdenes de Washington, declara la guerra y la desarrolla. Son ellos, EE.UU., quienes tienen que pararla.
¿Saben ustedes cuál es la postura oficial -pero no pública- del gobierno de Barak Obama sobre estas nuevas negociaciones de paz? ¿Trataron este asunto con el gobierno colombiano antes de las conversaciones?
Hubiera sido bueno que en la última comparecencia de los candidatos en la Tv, Obama se hubiese ocupado de América Latina y fijado la posición de su próximo gobierno frente al conflicto colombiano. No obstante, en una desacostumbrada entrevista Obama habló de sus deseos de paz para Colombia y formuló su propósito, como es lógico sin consultar los intereses de la mayoría, exponiendo que para él el conflicto se resuelve simplemente con que las FARC-EP dejen las armas. Una visión desafortunadamente irreal y unilateral.
Antes de continuar con los puntos a tratarse en la agenda de los diálogos, quisiéramos saber dos cosas: 1.- ¿Hay consenso al interior de las FARC de que es la hora de negociar la paz y abandonar las armas?
La bandera de la paz es nuestra. Desde nuestros orígenes hemos planteado soluciones diferentes a la guerra. Es parte de nuestra línea política. Por ello existe unanimidad en adelantar los diálogos con el gobierno, de eso que no quepa la menor duda. La guerra nunca ha sido un fin para los guerrilleros y las guerrilleras de las FARC-EP, por tanto, si dejan de existir las causas que hicieron tronar las armas, estas se silenciarán y no tendrán ninguna utilidad.
Y dos: ¿Aún consideran a la lucha armada como una alternativa militar y política mientras en la mayoría de países, sobre todo en el Sur de América, hay procesos políticos que los más optimistas han calificado de progresistas? ¿Cómo miran ustedes esos procesos?
Los pueblos de nuestra América y del mundo tienen derecho a luchar por sus intereses y en contra de aquellos que usurpan sus derechos y riquezas. La forma de lucha es decisión de cada pueblo consultando las realidades que vive. Las FARC-EP no son pregoneras de la lucha armada específicamente, esta no surge por decreto de nadie. Obedece a factores muy específicos de cada sociedad. Como revolucionarios nos solidarizamos con todas las luchas de los pobres de la tierra. En Colombia no se permite hacer política de otra manera. El carácter violento, asesino y sanguinario de las apátridas élites nacionales, plegadas a las políticas del Pentágono (un Estado violento que utiliza el terrorismo como método preferido de dominación), así lo confirman. Una larga lista de otros factores hace que nuestro país sea tierra fértil para la expresión armada de la lucha, sin ir más lejos, la desigualdad social.
De llegar a un acuerdo, ¿tienen ustedes un plan o proceso de desmovilización que asegure a los guerrilleros no solo una situación jurídica segura sino una reintegración social paulatina? ¿Y una reintegración económica?
Desafortunadamente la desinformación es la cuarta arma en la guerra. Los medios de comunicación hacen mella. Pensamos que lo positivo es mirar el proceso que estamos iniciando con objetividad hacia ambas partes y no generar expectativas irreales con exigencias que no corresponden a la insurgencia. Nos preguntas sobre la reintegración nuestra a la sociedad, a la economía y nuestra respuesta no puede ser que otra pregunta: ¿Y en virtud de qué artilugio estamos nosotros por fuera de la sociedad?. El proceso de construcción de la paz con justicia social resolverá los problemas de la población colombiana en general. Los guerrilleros y las guerrilleras nos incluimos ahí. En otras palabras, resueltos los problemas de pueblo, del cual somos parte esencial, estarán resueltos también los problemas de la guerrillerada.
Desde diversas esferas siempre se ha relacionado a las FARC con el narcotráfico; pero es el Estado el principal responsable de no controlar la producción y el tráfico de alcaloides. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto a un tema que no solo le concierne a toda la sociedad colombiana sino a las redes internacionales que lucran de este negocio?
Estamos de acuerdo con ustedes sobre la responsabilidad del Estado en ese fenómeno. Sin desconocer la gravedad del problema para los pobres del mundo, es necesario precisar que el narcotráfico es un pretexto usado por los gringos para agredir a los pueblos. Citemos sólo tres ejemplos: la invasión a Panamá; el Irangate, para financiar actividades encubiertas (como llaman a los delitos de los organismos de inteligencia); el Plan Colombia, como forma de justificar su descarado intervencionismo en territorio colombiano y latinoamericano.
Afirmamos con vehemencia que no somos narcotraficantes y no lo hemos sido jamás. No tenemos cultivos, no los cuidamos, no tenemos laboratorios y tampoco comercializamos la cocaína. Lo que nosotros hacemos es cobrar impuestos a las actividades económicas que se realizan en los territorios donde ejercemos influencia, incluyendo el mercado de la hoja
