El sistema para la aplicación de medidas cautelares y para la tramitación de casos y peticiones individuales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son dos de los puntos cruciales que se debaten hoy en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de las Naciones Unidas.
Los países miembros del organismo continental detectaron que el propósito de las medidas cautelares y de la tramitación de los casos se fueron desviando. Se asegura que servían como medida de presión política en el interior de cada nación. Por eso, el 29 de junio de 2011 el Consejo Permanente de la OEA creó el Grupo de Trabajo Especial. Este equipo preparó un informe con 67 recomendaciones para mejorar el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Informe fue aprobado por el Consejo Permanente, el 25 de enero de 2012 y fue acogido por la Asamblea General de la OEA el 5 de junio de 2012. Es decir, cuenta con el aval de la mayoría de países del bloque continental.
Por ejemplo se pidió que la CIDH impulse decididamente que todos los países miembros firmen los tratados de derechos humanos.
Hasta el momento, los países que no han firmado este convenio son Estados Unidos, Canadá, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Guyana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.
Además, se le exigió que aplique “rigurosamente los criterios de admisibilidad de peticiones, incluida la verificación exhaustiva del agotamiento de los recursos internos para evitar procesos paralelos”. Asimismo, que haga un estudio de cada caso para entregar una medida cautelar que obliga a los estados a tomar acciones de protección, muchas veces sin sustento, a favor de personas.
No obstante, la CIDH tomó esas recomendaciones y preparó una respuesta a cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de las medidas cautelares, aseveraron que acogían las recomendaciones pero que se aplicarán en un sistema progresivo. En cambio, se mostró esquiva a aplicar las directrices sobre la tramitación de los casos y peticiones individuales.
Ecuador es uno de los países que impulsa los cambios en la CIDH, no para debilitar al sistema regional de derechos humanos, sino para evitar que sus organismos se conviertan en instrumentos políticos de grupos opositores nacionales e internacionales que intenten afectar a cualquier régimen del continente.
La semana pasada los representantes ecuatorianos pidieron a la CIDH que acoja las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo, que fueran aprobadas por los países miembros y que sus recomendaciones sean encaminadas a cumplir con esas expectativas multinacionales.
La posición ecuatoriana es apoyada por otros países miembros de la OEA, pero otros, entre ellos Estados Unidos y Canadá, aplaudieron la respuesta de la CIDH a las recomendaciones. La decisión final se sabrá en la reunión que se inicia hoy desde las 15:00.
