La Asociación de Bancos Privados del Ecuador(ABPE) consideró como inconstitucional, discriminatorio y restrictivo para el desarrollo productivo del país el proyecto de ley de Redistribución del Gasto Social.
Ayer, el tercer día de comparecencias en la Comisión de Régimen Económico y Tributario, transcurrió en medio de fricciones entre los representantes de la ABPE, el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco; el ministro de Finanzas, Patricio Rivera; y el director de la Red Financiera Rural, Javier Vaca.
Varias fueron las objeciones de la banca al proyecto con el que el Ejecutivo prevé financiar el incremento del bono de $ 35 a $ 50 desde el próximo año.
Una de ellas es la entrega de la información bancaria de los depositantes al SRI. Según el asesor jurídico del gremio, Eduardo Carmigniani, con la norma afectaría el sigilo bancario de siete millones de ahorristas, además de que obligaría a los accionistas a vender sus locales en el exterior.
El Gobierno defendió esta iniciativa con base en el artículo 106 de la Ley de Régimen Tributario que expresa que no existe sigilo bancario.
Carmigniani reveló que hay conflicto en el interior de las entidades del régimen sobre ese artículo que ni la Superintendencia de Bancos ni la Junta Bancaria pueden cumplir.
Contó que la Asociación de Bancos de Panamá pidió a la Junta Bancaria de ese país aplicar la nueva regulación del SRI ecuatoriano para dar información de sus depositantes. “La respuesta fue: resulta impensable tal hecho. Los bancos en Panamá, sujetos a las leyes panameñas, y advierten con el cobro de $ 500 mil de multa por cada vez que se entregue información de un depositante”, dijo.
Y advirtió de dos consecuencias: “Enfrentar sanciones civiles y penales en Panamá; o los bancos ecuatorianos que tienen subsidiarias en el exterior deberán vender esos negocios”.
Carrasco afirmó que la propuesta surgió porque un banco se ha negado a entregar información.
El financiamiento del bono fue otro tema polémico. La ABPE señaló que en el 2011 se destinaron $ 309 millones al Estado.
Para Carrasco, lo que hace la ABPE de estas contribuciones es “sumar peras con manzanas. Quieren dar una imagen de que el Estado recibe $ 309 millones”, sostuvo.
Carrasco aclaró que no se incrementará el costo de los servicios bancarios una vez que se aplique el 12% del IVA a estos servicios.
El presidente de la ABPE, César Robalino, advirtió de la peligrosidad del proyecto y dijo que mañana cuando haya restricciones, el poder público censurará a la banca (diciendo) “no están dando créditos, están restringiendo la economía”.
