Asambleístas e invitados a la Comisión de Régimen Económico se reunieron ayer para tratar el proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social. El documento fue duramente criticado por los sectores productivos del país, representados por Pablo Dávila, presidente de la Cámara de Industrias de Pichincha; Blasco Peñaherrera Solah, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio; Roberto Azpiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano y Gino Descalzi, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.
La comisión contó con la mayoría de sus integrantes.
Con la sesión ya instalada, Dávila explicó que la ley afectaría la liquidez, rentabilidad y el nivel de capitalización del sector financiero, y enfatizó que la banca depende de la capitalización para su actividad crediticia. Además menciono que eliminar los beneficios tributarios y fijar techos a los salarios de los ejecutivos de la banca generaría una restricción a las actividades económicas y no permitiría la libre contratación.
El sábado anterior, en un enlace ciudadano, Correa especificó que un ejecutivo de la banca gana $900 mil anuales, es decir $ 70 mil al mes o 2.000 dólares al día. Argumentó incluso que las ganancias de la banca en lo que va del año superan los 300 millones de dólares. Con esos antecedentes, el incremento del Bono de Desarrollo Humano sería financiado en un 54% por la banca (el Gobierno espera recaudar 164 millones con el proyecto de ley) y lo demás por el Estado.
Blasco Peñaherrera pidió al Gobierno y a la Comisión que se ubiquen, pues afirmó que la ley es un nuevo paquete tributario disfrazado de bono. “Al Presidente creo que le gusta el Halloween porque envía nuevos impuestos disfrazados de bono, pues hace un año que estuvimos acá, se presentó un paquete tributario, pero disfrazado de ecológico”.
El director ejecutivo del Comité Empresarial ecuatoriano, Roberto Azpiazu, dijo que el proyecto era una pésima reforma tributaria, comentó que la reforma de ley desestimularía la inversión nacional y extranjera y deja en evidencia que entre el sector financiero y el Gobierno no existe un acuerdo. “El régimen de la revolución ciudadana sigue con el discurso de que la carga tributaria es baja e insuficiente”.
Gino Descalzi, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, propuso que el Gobierno sea más creativo en el tema de tributos y recomendó que el debate en la Comisión sea tratado con mesura y con tino. “Quisiera que la próxima reunión sea para tener la noticia de que eliminaremos este bono y ojalá en la mitad o en un 100% y aplaudiendo que mi país tenga empleo”.
El nuevo proyecto de ley plantea el incremento del 0,25% y 0,35% al Impuesto a los Activos en el Exterior; la aplicación del Impuesto del Valor Agregado (IVA) a los servicios financieros y se plantea que las instituciones financieras privadas cancelen el 23% del Impuesto a la Renta como hace el resto de ciudadanos, pues la banca no está considerada como un sector productivo sino de intermediación. La sesión continuará hoy.
