Su muerte se replicó rápidamente en los periódicos: “Ricardo Jarrín murió en un enfrentamiento”, “Muerto máximo dirigente de Alfaro Vive”, titularon los matutinos quiteños y completaron la noticia contando que había fallecido en Carcelén, un barrio del norte de Quito.
La familia de Jarrín nunca creyó la versión policial. Desde el día en que les entregaron los restos aseguraron que no pudo morir en un enfrentamiento, porque su cuerpo tenía huellas de tortura, según recordó su hermano Miguel. En sus muñecas había rastros de ataduras, tenía moretones en todo su cuerpo y el número de orificios de ingreso o salidas de balas eran incontables.
La queja de la familia se desvanecía sin ser escuchada por las autoridades públicas por más de 20 años. La llegada de este Gobierno y su decisión de crear una Comisión de la Verdad, que investigara los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidas en las tres últimas décadas en el país, cambió esa triste realidad.
La Comisión obtuvo un testimonio que ratificó que Jarrín fue detenido en Panamá y entregado a las autoridades ecuatorianas. Pablo Quintero, exagente de seguridad del país centroamericano, ratificó esa versión y aseguró que él arrestó al exdirigente de AVC. Sus palabras avalaron la tesis de familiares, amigos y compañeros de Jarrín, quienes aseguraron que no murió en una balacera, sino que fue ejecutado por miembros de la fuerza pública del Gobierno del fallecido León Febres Cordero, el principal líder del Partido Social Cristiano.
Hoy se cumplen 26 años de la muerte de Jarrín y sus allegados quisieron recordarlo con una marcha para exigir que su crimen no quede impune y que los responsables sean encontrados, sancionados y juzgados por delitos de lesa humanidad.
Los caminantes llegaron a la Fiscalía y a la Asamblea Nacional para exigir que las investigaciones no se frenen. Su llegada al Ministerio Público coincidió con una rueda de prensa que concedían la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Johana Pesántez y el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, para informar el avance de la indagación del caso Jarrín y de otros que fueron entregados por la Comisión de la Verdad.
El fiscal Chiriboga contó que esta semana se cumplió con la exhumación de los restos de Jarrín, los cuales estaban enterrados en el cementerio Parques del Recuerdo de la capital nacional. En su cuerpo fue encontrado un objeto metálico, que pudiera ser un proyectil. Esa evidencia será llevada a un análisis y sus resultados se tendrán en los próximos 15 días.
A este estudio se sumarán los testimonios dados por personas cercanas a Jarrín y sus excompañeros de AVC, los cuales fueron recibidos por los investigadores de la Fiscalía Nacional. Por eso, Chiriboga cree que este caso está progresando positivamente.
Francisco Acosta, quien representó a los familiares y amigos del exlíder de AVC durante la marcha, pidió a las personas que pierdan el miedo y denuncien lo que conozcan sobre la muerte de Jarrín y otros casos ejecutados durante el gobierno del socialcristiano León Febres Cordero. También entregaron un pedido al fiscal Chiriboga para fortalecer la indagación.
