Rosa rehace su maleta por quinta vez en un mes. Quedan solo dos días para que le desahucien de su casa. Desde que recibió el aviso por carta, hace cuatro semanas, duerme pegada a una maleta negra con el sabor amargo de que abandonará un hogar que ha pagado durante años.
Esta ecuatoriana aterrizó en Madrid hace diez años en busca de un futuro prometedor. Su marido Félix llevaba algún tiempo trabajando aquí, y los tiempos de bonanza económica animaron a emigrar al resto de la familia. Los buenos ingresos como conductor y como empleada doméstica fueron suficiente motivo para pedir un crédito hipotecario y adquirir su propio inmueble, un piso de 70 metros cuadrados en el sur de Madrid. Un alto precio, 290.000 euros, y una hipoteca de 1.230 euros mensuales. La pareja, junto con sus 3 hijos, parecía haber alcanzado la estabilidad.
Pero la crisis económica vino a golpear duramente a la vieja Europa y a la frágil economía española, inflada durante años a costa de la alta especulación inmobiliaria. En el año 2008, la mensualidad hipotecaria de Félix y Rosa subió, por lo que solicitaron un nuevo crédito para afrontar ambas deudas. Un cúmulo de obligaciones que, tras la pérdida de empleo de ella y la bajada de sueldo de él, no pudieron afrontar. “Mi sueldo ahora asciende a 1.100 euros mensuales”, comenta Félix, “mientras que la deuda contraída con el banco es de 1.500. En casa somos cinco personas, además del dinero que enviamos a la familia de Ecuador. Aunque no probáramos bocado, con mi sueldo no podríamos hacer frente a la hipoteca”.
Llevan un año sin abonar la mensualidad y, como tantas otras familias, han recurrido a la ayuda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Esta asociación, vinculada al movimiento 15M, lucha por conseguir la dación en pago, es decir, saldar la deuda con el banco a través de la entrega del inmueble. En los casos en los que no se consigue, negocian con la entidad un alquiler social, no superior al 30% de los ingresos, para que la familia pueda permanecer en la casa. En casos extraordinarios, luchan por detener el desahucio mediante una manifestación a las puertas del edificio, cuando la Policía, cerrajeros y transportistas intentan desalojar la vivienda. “Intentaremos impedir nuestro desahucio”, comenta Rosa, “porque sino, tendremos que irnos a vivir a la calle”.
En España el drama hipotecario ha golpeado duramente a la comunidad ecuatoriana. Durante los años prósperos, fue esta la sociedad inmigrante más numerosa y por eso la que más ha sufrido el embargo de la vivienda. Comenzaron a llegar tras la crisis financiera que sufrió Ecuador en 1998 y, desde el año 2000, oleadas de ecuatorianos desembarcaban en España en busca de un futuro mejor. La aerolínea Iberia fletaba hasta diez aviones diarios desde Quito con destino a Madrid. La mayor parte de ellos encontraron empleo en la construcción, un sector que entre el año 2000 y 2002 crecía un 38,7%, mientras que la economía del país lo hacía al 10,1%. Durante esos años se crearon miles de puestos de trabajo, en 2004, por ejemplo, una cuarta parte de los empleos creados pertenecían al sector de la construcción. Por eso, el prolífico sector atrajo llamativamente a la inmigración. Pero la crisis trajo consigo el derrumbe del sector y, con ella, un vasto grupo de trabajadores se quedó sin empleo.
Actualmente, en España residen cerca de medio millón de ecuatorianos y de los 517 desahucios que se producen al día, una gran parte le perjudica a ellos. “La situación es insostenible”, comenta Diego Romero, consejero de la Embajada de Ecuador en España. “Desde aquí hemos atendido a 4.500 familias desde marzo que están al borde de la indigencia o que ya viven en la calle porque los bancos los han echado de su casa. Esto ha provocado que muchos de ellos vuelvan a emigrar. Se calcula que 11.000 ecuatorianos han abandonado España en los últimos dos años. Muchos, sin haber podido liquidar su deuda”, afirma Diego Romero.
Sin embargo, antes de volver, muchos temen que la pesadilla los persiga hasta Ecuador y que los bancos españoles vendan la cartera de crédito a bancos. “El pasado julio la Asamblea en Ecuador emitió un proyecto de ley para proteger a nuestros ciudadanos en el extranjero”, cuenta Diego Romero, “prohíbe que entidades financieras ecuatorianas compren estas deudas para seguir cobrándolas en Ecuador. Con esto pretendemos proteger los bienes de nuestros compatriotas. Sino la deuda hipotecaria española condenaría a nuestros ciudadanos para siempre”.
Pero el día a día sigue siendo difícil, y el número de desahucios aumenta. A pesar de los intentos del Gobierno ecuatoriano por establecer acuerdos con España, la realidad se vive en la calle. Las colas en los comedores sociales están siempre protagonizadas por inmigrantes ecuatorianos. En Madrid, por ejemplo, durante estos últimos meses hay 53 desahucios diarios y, entre ellos, cerca de 20 son de familias de Ecuador. Así lo confirma Aída Quinatoa, portavoz de Conadee (Coordinadora Nacional de los Ecuatorianos en España). “Cada día nos visita más gente, la situación es de urgencia. Entre 60.000 u 80.000 ecuatorianos están afectados solo en Madrid, porque, hasta 2010, 8.500 familias pasaron por nuestras oficinas para asesorarse”. La organización cuenta con abogados, psicólogos y trabajadores sociales que intentan renegociar con los bancos. “De momento, hemos logrado parar 137 desahucios, en la mitad de ellos se ha conseguido la dación en pago”.
