Los responsables políticos del préstamo de 800 mil dólares concedidos al argentino Gastón Duzac por parte de Cofiec, se conocerán en ocho días en un informe que divulgará la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, con lo que este caso quedará únicamente en el ámbito legal bajo el arbitrio de la Fiscalía.
Con ese objetivo la presidenta del organismo legislativo, Silvia Salgado (PSE), entregó ayer a la Unidad de Delitos Flagrantes de la Fiscalía toda la documentación y otras pruebas recopiladas durante la investigación iniciada dos meses después de estallar el escándalo.
Entre estos documentos constan 800 hojas, grabaciones de las comparecencias de más de 10 funcionarios de Cofiec, el informe de auditoría entregado por la Superintendencia de Bancos, audios de la sesiones del Comité de Crédito y actas certificadas del banco y de la acreditación de cuentas, al igual que se adjuntan correos electrónicos que antecedieron la operación.
Responsabilidad
Ahora, según Salgado, con toda esa información, más las diligencias legales que deberá realizar la Fiscalía, queda bajo la responsabilidad de esta institución señalar la sanción en contra de los ex funcionarios y funcionarios que autorizaron el crédito y la transferencia de los 800 mil dólares a la cuenta corriente de Duzac en diciembre de 2011.
Esta documentación, señaló la parlamentaria, constituye elementos de convicción que la Fiscalía debería incluirlo en el expediente que lleva adelante la institución.
Uno de los elementos que determinó la Comisión de Fiscalización, sostuvo Salgado, es que el desembolso jamás estuvo sustentado en ninguna garantía, así como las cuentas de quienes fueron beneficiarios de los recursos.
Por tanto será la Fiscalía la que identifique dentro y fuera del país dónde están los recursos que, como dijo Salgado, deben ser recuperados porque se trata de un perjuicio al Estado.
Una de las cuentas a donde llegó la plata, agregó, es la empresa extranjera Escambay, aunque inicialmente los 800 mil dólares llegaron a la cuenta corriente de Duzac, quien con la ayuda del ex presidente del directorio de Cofiec, Antonio Buñay, transfiere los valores al Austro Bank Internacional.
Anticipó además que existen contradicciones entre Seguros Rocafurte y Antonio Buñay en cuanto a los certificados de depósito de seguros que jamás salieron del Banco Bolivariano donde estaban en custodia, con lo que se puede inferir que se trataría de documentos de ofrecimientos o de endosos simulados.
En este contexto, aseveró, se puede deducir que las garantías se otorgaron en forma posterior a la fecha de vencimiento del crédito. (ANL).
Descarta comparecencia de Pedro Delgado
Con todo ello, subrayó Silvia Salgado, la investigación en el ámbito de la competencia de la Fiscalía debe determinar a los responsables y la Asamblea hará lo propio en el control político. “Creemos que hay que ganar tiempo y si tenemos más información la entregaremos a la Fiscalía”, subrayó.
Sin embargo, descartó que en esta etapa del caso, la Comisión que preside convoque a comparecer a Pedro Delgado, atribuyendo a los límites legales que tienen en la acción fiscalizadora.
Lo que sí haremos en el ámbito de nuestra competencia, aseguró, es identificar a los responsables que son o fueron parte del sector público; mientras que la Fiscalía podrá ir más allá señalando a particulares que fueron parte de la concesión del crédito.
