El cambio en el modelo de rehabilitación social y los problemas en los centros penitenciarios fueron tratados en el conversatorio del Presidente Rafael Correa con periodistas en San Miguel de Los Bancos, en el noroccidente de Pichincha.
Este Gobierno ha emprendido una política de cambio del sistema de rehabilitación social, el cual estuvo olvidado durante décadas. La renovación no solo se concretará con la construcción de nuevas y modernas cárceles, sino también con cambios en la administración de Justicia y en los planes para la reintegración positiva de una persona privada de libertad a la comunidad.
Actualmente, se construyen los nuevos centros de detención en Guayas, Azuay y en la Sierra Centro. Estas edificaciones están planificadas para recibir a más de 13 000 privados de libertad, que representan más del 70 por ciento de la población penitenciaria, que en este momento supera los 19 000 individuos.
Los centros regionales tendrán espacios para separar a las personas de acuerdo con sus antecedentes penales y perfil psicológico. Por ejemplo, existirán pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad. Actualmente, solo en dos centros de detención, en Santo Domingo y Sucumbíos, existe una distribución con este sistema.
Además de estos centros regionales, se construyen otras cárceles y centros de detención provisionales en Guayas, Los Ríos, Loja, Zamora y otras provincias. La ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Johana Pesántez, aseveró que el presupuesto destinado para la renovación del sistema penitenciario alcanza los 180 millones de dólares.
El Presidente Correa sostuvo que el cambio en las cárceles no es una cuestión de “soplar y hacer botellas” y ratificó que los nuevos centros estarán funcionando a finales de este año.
Entre los cambios al sistema administrativo se destaca la eliminación de la rebaja de penas conocida como el 2×1. Según la ministra Pesántez, este era un método “viciado”, con el que los jueces otorgaban este beneficio a personas que no cumplieron con todos los requisitos. Ahora, los privados de libertad que deseen acogerse a una disminución de sus condenas deberán cumplir con actividades educativas, laborales, culturales y mantener una buena conducta durante su permanencia en los centros de rehabilitación.
