Desde las 09:00 de este miércoles, en el auditorio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), se desarrolla la audiencia de juzgamiento en contra del policía Hernán Salazar, acusado de disparar una bomba lacrimógena a la cabeza del estudiante édison Cosíos, en septiembre de 2011.
La diligencia se instaló luego de haberse diferido en dos ocasiones. La semana pasada Carlos Borja, presidente del Tribunal Sexto de Garantías Penales de Pichincha, suspendió la audiencia por la falta de testigos.
Son cerca de 70 las personas que deben rendir declaración, entre las que se incluyen autoridades, familiares y compañeros de la víctima, entre otros.
Uno de los primeros en intervenir hoy fue el fiscal del caso, Henry Estrada, quien explicó las investigaciones realizadas por el Ministerio Público e hizo un recuento de los acontecimientos.
De su lado, Cristian Molina, abogado de la parte acusadora, indicó que Salazar hizo disparos directos y no tenía autorización para entrar. «Esta acusación probará que Hernán Salazar es autor de tentativa de asesinato contra édison Cosíos. Hoy se justificará la responsabilidad policial y médica incluso», dijo el abogado.
En su intervención, Manuel Cosíos, relató la trayectoria tanto estudiantil como personal de édison, y manifestó que el impacto de bomba acabó con la vida de su hijo, quien cumplió sus 18 años postrado en una cama. «Mi hijo tenía ideales de seguir estudiando y hacer buenas cosas», sostuvo.
Se refirió a los diagnósticos médicos que establecen que el joven no volverá a caminar y exhibió fotografías de su hijo, antes y después del impacto en su cabeza.
En tanto que Javier Mejía, abogado defensor del procesado, aseguró que Salazar fue parte de un grupo policial autorizado para intervenir en las manifestaciones y afirmó que el caso Cosíos se ha convertido en político y mediático y no jurídico como debería ser. «Salazar no quiso asesinar», acotó.
También entregaron su testimonio José Serrano, ministro del Interior, Rodrigo Suárez Salgado, actual comandante General de la Policía Nacional y Patricio Franco, ex comandante de la misma institución.
José Serrano, quien aclaró que es permitido el uso de bombas lacrimógenas solamente para combatir a la delincuencia y no para repeler manifestaciones, expresó que una vez que conoció los hechos, solicitó informes al comandante General de ese entonces, Patricio Franco, sobre la actuación de la Policía ese día y sobre las imágenes que se difundieron en algunos medios de comunicación.
La audiencia de juzgamiento podría durar más de tres días por las decenas de testigos que están llamados a declarar.
El policía Hernán Salazar fue acusado de disparar la bomba lacrimógena contra el estudiante, lo que le obligó a permanecer varios meses hospitalizado en el Eugenio Espejo y en el Hospital de los Valles. Actualmente se encuentra en una vivienda entregada por el Gobierno Nacional.
La habitación que ocupa el joven fue adecuada con equipos médicos especiales, que monitorean permanentemente su estado de salud; además, de una serie de accesorios técnicos entregados por la Vicepresidencia de la República.
