El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrirá expedientes a los que se inscriban como candidatos a la Presidencia de la República para determinar si realizaron campaña electoral anticipada en medios de comunicación, antes de la convocatoria oficial a las elecciones del 2013.
En el Reglamento para el Control del Financiamiento, Propaganda y Gasto Electoral el CNE incorporó la facultad de imputar al gasto los recursos que los aspirantes a Carondelet –y otras dignidades de elección popular– hayan destinado para campaña anticipada.
El último inciso del artículo 9 señala que “la propaganda y promoción realizada con anterioridad a la convocatoria será considerada parte del gasto de campaña electoral en el caso que la persona a la que se le fomenta la imagen sea inscrita y calificada como candidata o candidato”.
El consejero Juan Pablo Pozo explicó que previamente los aspirantes deben ser calificados y habilitados para participar en la contienda electoral por el CNE. Además, haber sido designados en cada una de sus organizaciones políticas a través de un mecanismo de democracia interna.
“Una vez que se cumplan estos dos presupuestos podemos hablar de candidatos oficiales… el Consejo Electoral establecerá expedientes por cada aspirante registrado para efectivamente con los reportes de la Dirección de Fiscalización y Control del Gasto se pueda designar el monto gastado por cada persona inscrita”, añadió.
Según el artículo 209 del Código de la Democracia, los binomios para la Presidencia y Vicepresidencia de la República no podrán exceder –en otros gastos diferentes a los de publicidad en medios– la cantidad que resulte de multiplicar el valor de $ 0,15 por el número de electores.
El registro proyectado por el CNE para las elecciones del 2013 es de 11’656.154. Es decir, el límite del gasto para los postulantes a Carondelet no puede superar el $ 1’748.421.
El CNE especificó su competencia para controlar y fiscalizar la publicidad, propaganda, gasto electoral, realizar el examen de las cuentas en lo relativo al monto, origen y destino de los recursos que las organizaciones políticas utilicen para campañas electorales.
