Los oficialistas justificaron el anuncio presidencial del sábado pasado, donde Rafael Correa amenazó a sus ministros con destituirlos de sus puestos si dan cualquier información a los asambleístas de forma individual.
Para la legisladora Gina Godoy el anuncio de Correa responde a los abusos generados por varios sectores políticos de oposición. Por ello dijo «es necesario identificar a la Secretaría General como el espacio para el registro de los pedidos de información».
Añadió que muchas solicitudes se repiten por lo que se requiere preservar los recursos públicos.
En caso de que los ministros se resistan a entregar los documentos solicitados, Godoy precisó que la Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene establecido el mecanismo para procesar posibles incumplimientos.
Este es poner en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que remita a las comisiones especializadas y sean ellas las que convoquen a los ministros para que expliquen dichas solicitudes.
El vicepresidente de la Asamblea, Juan Carlos Cassinelli, señaló que el problema está en que los 250.000 papeles que llegó a poder de los legisladores y nadie sabe que uso se da a esos documentos.
El asambleísta César Rodríguez, (antes de AP), calificó al anuncio presidencial como «una nueva barbaridad política frente a la cual, el pleno de la Asamblea que es jurídica y constitucionalmente su autoridad máxima, debe expresarse».
«Las declaraciones del presidente Correa son un gesto pueril y absurdo de grandilocuencia dictatorial», manifestó en una rueda de prensa.
A esta posición se unió el roldosista Dalo Bucaram quien cuestionó que la Asamblea de paso a los frenos que intenta poner el Ejecutivo a la labor fiscalizadora de la Asamblea.
