Las autoridades británicas informaron que Gary McKinnon, considerado el autor del mayor caso de piratería informática sufrido por el Gobierno de Estados Unidos, no será extraditado a ese país por razones humanitarias.
McKinnon, quien padece el síndrome de Asperger (una forma de autismo), llevaba varios años luchando contra su entrega a los EE.UU., donde se enfrentaba a unos sesenta años de cárcel.
La ministra de Interior, Theresa May, señaló que tras recibir asesoramiento legal y revisar los informes médicos concluyó que McKinnon está «seriamente enfermo» y su extradición es «incompatible» con sus derechos humanos, pues existiría el «riesgo de que terminara con su vida».
Durante una comparecencia en la Cámara de los Comunes, May informó también que ha instado a la Fiscalía General a decidir si McKinnon debe ser juzgado en el Reino Unido.
El pirata informático, de 46 años y nacido en Glasgow (Escocia), admitió haber accedido ilegalmente a 97 ordenadores gubernamentales estadounidenses entre febrero del 2001 y marzo del 2002.
Entre las máquinas a las que ingresó constan las de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el Ejército, la Marina, el Departamento de Defensa y la Fuerza Aérea. Sin embargo, McKinnon aseguró que su objetivo era encontrar pruebas de la existencia de ovnis (objetos voladores no identificados).
Su detención se produjo en 2002, pero fue liberado bajo ciertas condiciones al tiempo que luchaba para evitar su extradición a EE.UU., la misma que fue ordenada en 2006 por el entonces ministro británico del Interior laborista, John Reid.
A partir de entonces, el «hacker» perdió todos los recursos presentados en la Cámara de los Lores, el Tribunal Superior y la Corte Europea de Derechos Humanos.
Pero, hace dos años, un juez del Tribunal Superior de Londres dictaminó que existía riesgo de suicidio en caso de que el acusado fuera extraditado, una afirmación que secundó un equipo de psiquiatras solicitado por la ministra May.
La decisión de la titular de Interior abre la puerta a una posible reforma el sistema de extradiciones entre Reino Unido y Estados Unidos, firmado en 2003, para que, en casos similares al de McKinnon, los acusados puedan ser juzgados en suelo británico.
