187.995 fojas con información solicitada por asambleístas –la mayoría de oposición- han enviado diversas entidades del Gobierno central y del Estado, desde el año 2009 hasta la actualidad.
El procesamiento de la información para atender los requerimientos ha significado la disposición de recursos humanos y económicos adicionales en las instituciones públicas, que no ha sido cuantificado.
Durante el Enlace Ciudadano 293, el Presidente de la República, Rafael Correa, ratificó la disposición directa a sus ministros y funcionarios para que no entreguen información a los asambleístas que la soliciten de forma individual, y no a través del Presidente del Legislativo.
El objetivo de la medida, de acuerdo al Mandatario, es resistir los abusos de ciertos legisladores que, a pretexto de Fiscalización -una obligación legítima de la Asamblea- se permiten excesos que afectan la gobernabilidad del Estado.
El artículo 120, numeral 9, de la Constitución vigente señala que una de las atribuciones de la Asamblea (no de los asambleístas) es fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social (…) y requerir a los servidores públicos las informaciones que considere necesario.
En el periodo 2009-1012, la legisladora Nívea Vélez, del movimiento Municipalista registra 1.188 pedidos de información; la sigue Andrés Páez, de la Izquierda Democrática, con 386 solicitudes; luego María Paula Romo, de Ruptura, con 329; Galo Lara, de Sociedad Patriótica, 250.
Las instituciones que más han recibido solicitudes de los legisladores son el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (610), Educación (502), Recursos Naturales no Renovables (389), Consejo de la Judicatura (350), Ministerio de Salud (314), Relaciones Laborales (312), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (279), Finanzas (193), Ministerio de Exteriores (183), e Inclusión Económica y Social (174).
Recientemente, el legislador Kléver García, de Sociedad Patriótica, envió un cuestionario de 120 preguntas al ministro del Deporte, José Francisco Cevallos. En el cuestionario se incluyen pregunta de diferente índole, cuya información consta en la web de la entidad gubernamental.
