A través de un boletín de prensa, el 4 de octubre pasado la Fiscalía General señaló: “Pedro Solines, superintendente de Bancos, remitió un oficio a la Fiscalía en el que presume la existencia de ‘indicios de la perpetración de un delito relacionado con las actividades de las instituciones financieras’”, en el marco del préstamo concedido al argentino Gastón Duzac por $ 800 mil.
Esto motivó que Cofiec se ponga en la mira de la opinión pública y, a más del caso Duzac, ahora la Contraloría General y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional investigarán todos los créditos y operaciones realizadas por Cofiec desde que pasó a manos del Estado.
En base al artículo 93 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, Solines dice que la Superintendencia de Bancos, al tener conocimiento de este tipo de delitos, está “obligado a llevarlos a conocimiento del Fiscal General, a fin de que proceda a ejercer inmediatamente las acciones legales correspondientes”.
Ante la duda del ámbito judicial para investigar el préstamo de Duzac, Galo Chiriboga, fiscal general, pidió que sea la Superintendencia de Bancos, como entidad rectora del área financiera, la que se pronuncie sobre la existencia o no de un delito penal.
En ese sentido, Solines advirtió la eventualidad del delito cuando en su oficio remitido a la Fiscalía señaló: “El otorgamiento de créditos sin el cumplimiento de la normativa e indicios sobre la indebida utilización de bienes y recursos de empresas que, siendo privadas, son de propiedad del Estado”.
En este mismo contexto, Solines removió de sus funciones como presidente ejecutivo de Rocafuerte Seguros a Pedro Zapac Quevedo, porque “no tenía facultad para ofrecer certificados que garanticen operaciones de crédito”, como el de Duzac.
Respecto a esa garantía, según documentos a los que tuvo acceso El Telégrafo, en agosto y octubre de 2011 llegaron a Cofiec los dos Certificados de Depósito a Plazo de Rocafuerte Seguros, el primero por 100 mil dólares y el segundo por 783.731,12 dólares.
Esos documentos fueron presentados por Duzac como garantía para su crédito y, después, fueron comprometidos por el entonces presidente ejecutivo del banco, Antonio Buñay, presidido por Germánico Maya.
Según Diana Macancela, parte del directorio de Rocafuerte, esa operación nunca les fue notificada. Para aclarar estas y otras supuestas ilegalidades, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea convocó a los nuevos representantes de Rocafuerte Seguros para que comparezcan, así como a Buñay, quien ya debió acudir la semana pasada, pero envió un oficio pidiendo que le den tres días plazo hasta reunir documentos de descargo.
