El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia presentaron este miércoles un documento ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Holanda, solicitando una investigación al Gobierno del expresidente álvaro Uribe (2002-2010), por los ataques sufridos por sindicalistas durante sus ocho años de mandato.
«Está demostrado que había una clara orden de atacar a los movimientos sindicales, donde están involucrados ministros de Defensa, altos mandos militares y el presidente de la época, como comandante máximo de las Fuerzas Militares», señaló el presidente del Cajar, Alirio Uribe.
El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos apoyo esta solicitud, a través de una comunicación que contiene un resumen sobre la violencia sindical en Colombia durante los últimos diez años.
El principal objetivo, reseña el texto, es que se abra una investigación para encontrar a los máximos responsables de 775 asesinatos de sindicalistas en el país.
El presidente del Cajar recordó que durante ese período se registró una «oleada de ataques a sindicalistas que, incluyen secuestros hostigamientos, amenazas, atentados y asesinatos».
El documento denuncia que en dicho período «se registraron seis mil 344 casos de violaciones de los derechos sindicales», de los cuales destacan que «hay tres mil 785 casos de amenazas, 455 detenciones arbitrarias, 361 hostigamientos, 775 homicidios y 61 desaparecidos».
Igualmente, la misma organización agregó que el 77 por ciento de las agresiones quedan impunes, sin que ni siquiera se identifique a los autores. Detalló, además, que los paramilitares son considerados responsables en un 13 por ciento de los casos, la guerrilla en un cinco por ciento y las fuerzas de seguridad en un tres por ciento.
EL informe añade que pese a no haber sido superada la violencia antisindical en Colombia, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, han negociado tratados de libre comercio para promover las inversiones en un país, en el que como resultado de dicha violencia, las tasas de sindicalización en los últimos años han bajado del 20 al cuatro por ciento de la fuerza laboral ocupada.
