En representación del Gobierno Nacional, Fernando Alvarado, secretario Nacional de Comunicación, envió una misiva a Boaventura de Sousa Santos, intelectual y académico portugués, para informarle sobre la realidad de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 27 de junio de 2012, en la cual se declaró al Estado ecuatoriano como responsable de permitir exploración petrolera en territorio Sarayaku.
Las publicaciones de los medios de comunicación privados sobre este hecho, sin embargo, fueron tendientes a la desinformación: no se hizo énfasis en que el convenio ecuatoriano se suscribió en el 1996 o que la denuncia de los Sarayaku fue presentada en el 2002, durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez, donde debió realizarse el programa de retiro de pentolita.
En un artículo titulado “Octava carta a las izquierdas: las últimas trincheras”, el catedrático de la Universidad de Coímbra (Portugal) indica que el gobierno del presidente Rafael Correa “acaba de ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (organismo de la Organización de Estados Americanos) por no haber garantizado los derechos del pueblo indígena Sarayaku que lucha contra la explotación de petróleo en su territorio. Ya en mayo de 2003 la Comisión había solicitado al Ecuador medidas cautelares a favor del pueblo Sarayaku que no fueron atendidas”.
No obstante, Alvarado, luego de reconocer la trayectoria de De Sousa Santos y sus análisis sobre el caso de Julian Assange, le indicó que en 1996 el país firmó un contrato con la Compañía General de Combustibles (CGC) para la exploración y explotación petrolera en una porción de los territorios Sarayaku. Luego esa comunidad denunció que no fue consultada sobre ese tema y que la CGC entró con protección del Ejército para colocar explosivos, en 2002. Es decir cinco años antes de que llegue el Gobierno de la Revolución Ciudadana.
“En el 2011, el Gobierno Nacional invitó a la CIDH a visitar el país y conocer de cerca el programa de retiro de pentolita que, a pesar de no tener responsabilidad directa, pues esta recae en el gobierno del ex presidente Lucio Gutiérrez (2002-2005), el compromiso del Gobierno de la Revolución Ciudadana es velar sin cuartel por el bienestar de todos los ecuatorianos”, informó el secretario Nacional de Comunicación.
El numeral 7, del artículo 57 de la Constitución, indica que los pueblos y nacionalidades indígenas, montubias y afrodescendientes tiene el derecho a una consulta previa libre e informada, “dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna”.
Así, en el Gobierno del presidente Correa sí se garantiza el respeto de consulta previa a las comunidades y nacionalidades del país. Además se reconoce la validez -en este caso particular- de la sentencia emitida por la CIDH como hecho un momento histórico del derecho internacional público, a favor de las comunidades nativas de una región particular.
Alvarado también hizo un llamado a los intelectuales en general a no dejarse desinformar por las ONG que tratan de deslegitimar el trabajo del Gobierno Nacional. Por ejemplo, Paroles de Natura es una organización que intenta involucrar al Gobierno con el conflicto territorial entre las comunidades Kutucachi y Sarayaku (Pastaza). Además indicó que entidades como Fronteras de la Vida, Alter Voyages Identidad Indio Americano y Movimiento de las Acciones al otro lado del Mundo –las cuales no tienen permiso de funcionar en Ecuador- están tratando de oponerse a cualquier proyecto minero en el país sin justificativos.
