Al terminarse el debate sobre la conformación y atribuciones del Consejo de Comunicación establecido en el mandato popular, tras el referéndum del pasado 7 mayo, la oposición y el oficialismo no llegaron a un acuerdo. Incluso no se descarta que sea el pleno de la Asamblea el que finalmente discuta y dirima el tema que dos lecturas.
En los próximos días se presentará un borrador de informe que será puesto a consideración de la Comisión. Si esta instancia no decide mediante votación interna, incluso hay la posibilidad que se diseñen dos informes complementarios que pueden ser sometidos al pleno de la Asamblea.
El asambleísta Rolando Panchana presentó la propuesta de los asambleístas del movimiento País, en la que el Consejo debería integrarse con dos personas designadas por la Función Ejecutiva; un integrante designado por los Consejos Nacionales de la Igualdad; un miembro designado por las facultades o escuelas de Comunicación Social de las instituciones de educación superior públicas y privadas; y, tres de la ciudadanía.
Betty Carrillo aseguró la existencia de varias coincidencias en las propuestas tanto de la oposición y del grupo de País y las diferencias son pocas. Fundamentó la integración del Consejo en lo constante en el artículo 141 de la Constitución, por cuanto el Presidente de la República es el responsable de la administración pública y esta instancia, es decir, el Consejo de Regulación tendrá funciones administrativas.
“No vamos a dar pie atrás en el tema de la presencia del Ejecutivo porque es un tema constitucional”, dijo, aclarando que no será por la acción del boque oficialista, si se da el caso de un nuevo limbo legal.
Sin embargo, el asambleísta Fausto Cobo aclaró que existen varias divergencias en lo que respecta a la atribución y estructuración del órgano. En su propuesta, firmada también por César Montúfar y Jimmy Pinoargote, el Consejo debería integrarse con dos representantes de los docentes de comunicación social acreditados como profesores titulares de las universidades públicas y privadas; un representante de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la protección de la niñez y adolescencia; un representante de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades designado a través de sus organizaciones representativas; y, uno de la ciudadanía.
Cobo recordó que este planteamiento tiene relación con el desarrollo del punto cuatro del acuerdo ético político firmado entre las bancadas legislativas el 17 de diciembre de 2009.
Jimmy Pinoargote, por su parte, cuestionó la propuesta de País, porque de conformidad con la norma constitucional, no podrán ser miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas.
Mauro Andino, presidente la Comisión Ocasional, cerró el debate del tema Consejo de Regulación y convocó para el próximo lunes, para iniciar el análisis de los temas que se derivan de la pregunta 3 de la Consulta Popular referente a la prohibición de tener participación accionaria en medios nacionales y instituciones del sistema financiero.
“Hay dos visiones y dos propuestas, el momento que se tome una decisión, una de las dos será la que tenga la aprobación de la mayoría”, finalizó.
