QUITO.-Las prácticas de la Justicia Indígena no solo preocupan a Ecuador. Representantes de las cortes de justicia de Perú y Bolivia expresaron la necesidad por aprobar una norma que permita poner un límite entre los casos debe juzgar la justicia ancestral para que no se interpongan con delitos y sanciones que juzga la justicia ordinaria.
“Para marcar ese límite el gobierno boliviano impulsa la Ley del Deslinde. Este cuerpo legal tiene por objeto establecer la separación de la jurisdicción indígena campesina con la ordinaria, la jurisdicción agro ambiental y otras; y determinar los mecanismos de coordinación y
cooperación entre estas jurisdicciones”, dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, Luis Ortiz, en el marco de la V Cumbre de Poderes Judiciales que se realizó esta semana en la ciudad de Cuenca.
Esa Ley, que tiene que ser aprobada hasta el 22 de julio próximo, se hace urgente en Bolivia donde la justicia indígena es más compleja que en Ecuador. “Tenemos 36 justicias indígenas (Bolivia es un multiétnico) y es muy conflictivo poder controlar las 36 formas de aplicar justicia”, expresó.
En el Oriente boliviano, por ejemplo, cuando una persona comete un ilícito se lo amarra a un árbol de palo santo (una variedad de la región) para que las hormigas lo ataquen; en el Occidente “se los destierra de su humanidad a chicotazos (golpes)”, señaló el jurista.
Javier Villa Steim, de la Corte de Justicia de Perú, consideró que los tres países (Bolivia, Perú y Ecuador) tienen problemas similares. Dijo que en la zona norte de su país se creó la Escuela Intercultural con el fin de atender a todas las formas de justicia indígena.
