Con la ley antiinmigrante de Alabama (EE UU), los policías de ese estado tendrán la libertad de determinar el estatus migratorio de personas que consideren sospechosas de estar en el país como indocumentadas, sin que exista mayor causa que la sospecha misma.
La ley también penaliza a quienes transporten a un indocumentado, exige a las empresas verificar el estatus migratorio de sus empleados y a las escuelas públicas del estado determinar el estatus migratorio de sus estudiantes. También niega el acceso a educación superior a inmigrantes indocumentados.
El gobernador de Alabama, Robert Bentley, promulgó el jueves pasado una ley antiinmigrante que fue descrita por agrupaciones de derechos civiles como “la más estricta de las promovidas hasta ahora en Estados Unidos”, superando incluso a la SB1070 de Arizona promulgada el 23 de abril de 2010.
Los activistas calificaron a la medida de “inconstitucional”, “racista” y “mal intencionada” y anunciaron que presentaran recursos judiciales para impedir su aplicación.
El National Immigration Forum (NIF) anunció que la promulgación de la ley era un “acto cruel”, mientras que la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) anunció que alistaba una demanda en las Cortes que será entregada a más tardar a finales de julio.
La legislación HB 56 entrará en vigor el próximo uno de septiembre y obligará a los agentes de policía de Alabama a “tratar de determinar el estatus migratorio de una persona que se sospecha es extranjero no autorizado a estar en el país”.
