El presidente del Directorio del IESS, Ramiro González, explicó que es falso que las madres comunitarias tengan relación de dependencia con el Estado y por tanto, éste deba afiliarlas por ley a la seguridad social.
Esta aclaración la hizo en torno a las publicaciones de prensa que aseveran que el Gobierno tiene 33 mil trabajadores sin seguro social, 13 mil educadores populares del Ministerio de Educación y 20 mil madres comunitarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
“Es una mala información, las madres comunitarias no son funcionarias públicas, son trabajadoras comunitarias que hacen un trabajo social para dar el desayuno a sus propios niños”, explicó, al tiempo de puntualizar que si estas personas fueran empleados estatales, se perdería su esencia laboral de tipo comunitario.
“Esto está generando noticias en contra del Estado, no hay una relación de dependencia, es una acción comunitaria”, recalcó.
La labor de las promotoras comunitarias es una actividad de voluntariado, como una participación libre de la ciudadanía, de conformidad a lo preestablecido por el Art. 97 de la Constitución del Ecuador; y, los Art. 37 y 38 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
El INFA (Instituto de la Niñez y la Familia) suscribe convenios de cooperación para ejecución de proyectos de inversión de desarrollo infantil con personas jurídicas de derecho público o privado.
Estos se firman bajo los principios de voluntariado y cooperación, por lo que la actividad de las promotoras comunitarias, en los convenios respectivos, el INFA ha incluido una cláusula, aclarando que no existe relación laboral entre los participantes.
