Los nuevos centros forenses carecen de médicos legistas

Rostros llenos de asombro y curiosidad mostraron varios estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro, de Manabí, que ataviados con los convencionales mandiles blancos recorrieron el pasado 27 de junio el flamante Centro de Investigación de Ciencias Forenses de Manta.

Las reacciones se debieron a la infraestructura física y tecnológica que les era mostrada por los 14 profesionales, incluidos 2 médicos forenses que allí laboran.

Sonia Barcia, fiscal provincial de Manabí, explicó que la visita de los universitarios se cumplía como parte de una campaña emprendida por la Fiscalía General del Estado, con el propósito de que los jóvenes en las universidades y en los centros de estudio superior del país se inclinen por la ciencia médica en el campo forense para, de esa manera, contar con más profesionales en los departamentos de medicina legal.

“Este centro sería completo de no ser por la falta de un laboratorio de análisis de ADN, lo que no se puede viabilizar debido, justamente, a la falta de expertos forenses”, señaló la representante de la Fiscalía en Manabí. Por ese motivo se intenta motivar a los estudiantes de Medicina para que acudan, durante las prácticas preprofesionales o pasantías, a los centros y se familiaricen con esa área “que es sumamente interesante, pero, sin embargo, poco difundida en Ecuador”, agregó.

Al referirse a este tema, Juan Montenegro, exjefe del departamento de Medicina Legal de la Policía en Guayaquil y perito de esta especialidad por 32 años, confirma que son escasos los médicos forenses en el país y cita como ejemplo el caso del puerto principal, donde apenas trabajan 12 profesionales acreditados tanto de la Fiscalía como de la Policía, que no se alcanzan para cubrir la demanda de experticias requeridas por los agentes fiscales.

En ese sentido, manifiesta que en una ciudad tan “conflictiva” como Guayaquil, donde se incorporan cada vez más fiscales y tribunales penales, se requiere de al menos 30 médicos forenses.

Para Rodolfo Farfán, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), el problema radica en que no existen en las universidades programas de posgrado para esa especialidad.

El docente explica que las universidades no han podido armar estos programas porque hubo un período de entre 6 y 7 años en que los hospitales, tanto del Ministerio de Salud Pública como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no permitieron que se generen plazas de trabajo para residentes de posgrado, no solo en el área de Medicina Legal sino también para otras especialidades.

Señala que el Consejo de Educación Superior (CES) no estaba tampoco autorizando ninguna de las residencias en esas especialidades.

Sin embargo, aclara que hace unos 3 meses se reactivaron los programas, pero ninguna especialidad ha sido incluida, debido a que aún no se crean los presupuestos y plazas en los hospitales públicos para que los médicos accedan a las residencias de posgrado.

Montenegro recuerda que hasta el 2002 había la oportunidad de acceder a un posgrado de Medicina Legal, que se daba solo en Quito, donde una de las exigencias para iniciar la especialidad era que los médicos debían primero enrolarse en las filas policiales.

Justamente, anuncia Farfán, ante la evidente falencia de médicos legistas, la UEES está trabajando para presentar, en los próximos meses, una propuesta de estudios de cuarto nivel, no solo como maestría sino de una especialidad, con un tiempo mínimo de 3 años.

Para su efectividad se espera contar con la colaboración de la Fiscalía, para que los estudiantes realicen las pasantías en sus dependencias y tras graduarse de médicos generales puedan optar por esa especialidad.

Impulsar prácticas

La oportunidad de fuentes de trabajo se está cristalizando con la implementación de los Centros de Investigación de Ciencias Forenses en el país (actualmente funcionan en Manta y Ambato; pero se tiene previsto que se sumen Santo Domingo, Machala, Esmeraldas, Lago Agrio, Loja y Cuenca).

Según el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, los profesionales que ahora no tienen la posibilidad de aplicar sus conocimientos podrán capacitarse en esos centros, con la asistencia de salas pedagógicas, donde los estudiantes o recién graduados podrán concurrir y observar el trabajo de los especialistas.

Aunque Chiriboga no indica una cantidad idónea de profesionales para cubrir la demanda de diligencias en el país, como son reconocimientos médicos por casos de lesiones o abuso sexual, necropsias o valoraciones psicológicas, sí aclara que es menester aumentar no solo el número de estos peritos, sino también de fiscales y policías.

Alberto Ramírez, jefe del departamento de Medicina Legal de la Fiscalía en Guayas, recalca que la falencia de galenos es evidente en todas las jurisdicciones, por lo que coincide en que la solución pasa por lo académico, es decir, que es necesario que se reabran los estudios de posgrado.

Además, Montenegro observa que ahora se estarían improvisando médicos para diagnósticos en cuestiones de clínica forense (reconocimiento de lesiones por violencia intrafamiliar, riñas, delitos sexuales, etc).

Cuestiona que quienes realizan las evaluaciones son médicos generales recién graduados, que ni siquiera han tomado un curso para esa especialidad, cuando dentro de los requisitos que se exige para ser perito en Medicina Legal consta el tener al menos 5 años de experiencia en la materia.

Asimismo, el médico señala que en Guayaquil se desperdician recursos, tanto humanos como tecnológicos y físicos, sobre todo en el área de Tanatología, que tiene que ver netamente con los cadáveres.

Explica que las necropsias no solo son realizadas por galenos de medicina legal de la Policía, sino también por los de la Comisión de Tránsito -solo muertes en accidentes de tránsito-, cuando se las podría realizar en un solo sitio, optimizando tiempo, dinero y resultados.

Así se lo hace, por ejemplo, en el nuevo Centro de Investigación de Ciencias Forenses de Manta, donde se destaca la implementación de laboratorios altamente especializados y dotados con equipos de vanguardia, así como el adiestramiento y formación del personal en las distintas áreas forenses.

Valoraciones forenses

En lo que tiene que ver con clínica forense, las valoraciones dispuestas por los fiscales son derivadas indistintamente a las áreas de Medicina Legal de la Policía, Fiscalía y Comisión de Tránsito del Ecuador.

Con la incorporación de las universidades, el experto considera que el anfiteatro de la Universidad de Guayaquil, situado cerca del Cementerio General, sería una opción viable para la práctica de necropsias con la asistencia de los estudiantes, y así las otras dependencias quedarían habilitadas solo para los reconocimientos médicos y valoraciones psicológicas.

“Los fundamentos en la práctica de necropsias son una herramienta de gran utilidad para el estudiante de pregrado en su introducción al estudio postmortem y una guía útil para el llenado de documentos médico legales; así como para el estudiante de posgrado que busca profundizar sus conocimientos y para el profesional de la patología como ventana de actualización en la materia”, indica Montenegro.

Finalmente, recalca que estas diligencias solo las debe realizar un perito debidamente acreditado por el Consejo de la Judicatura.

DATOS

La Medicina Forense o Legal es una rama de la Medicina que se encarga de determinar las causas de muerte mediante el examen clínico y biológico de un cadáver. En los tribunales penales, los forenses actúan como peritos, estudiando todos los aspectos médicos relacionados con la acción de los operadores de justicia.

Los médicos forenses o legistas son profesionales que prestan sus servicios para facilitar la labor de los fiscales y agentes policiales, y en las investigaciones penales, el papel de los galenos es fundamental.

Estos peritos realizan, principalmente, las siguientes tareas: establecen las causas y el cómo se ha producido la muerte. Dictaminan responsabilidades profesionales de otros colegas médicos. Auxilian a los operadores de justicia a esclarecer dudas derivadas de los estudios médico-biológicos ante un hecho delictivo.

La Fiscalía lleva adelante la investigación y ésta se la hace a través de Medicina Legal y Criminalística. Su accionar está amparado en el artículo 195 de la Constitución:

“La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores e impulsará la acusación y la sustentación del juicio penal.

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicinal legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley”

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