Ministros y funcionarios públicos no entregan información requerida por asambleístas

Según los datos, que están en análisis en el Consejo de Administración Legislativa (CAL), casi cuarenta requerimientos de información realizados por los legisladores no fueron atendidos por las autoridades públicas o fueron entregados de manera incompleta. Incluso luego de las insistencias efectuadas por el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (AP).

En ese escenario, el CAL aprobó el jueves pasado una resolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en la que se determina que las comisiones relacionadas con los temas de las solicitudes, las conozcan y requieran nuevamente a los funcionarios la información para que en el plazo de 15 días comparezcan de manera obligatoria a las mesas. Y la ausencia será causal para el inicio de un juicio político, en el caso de los ministros.

Las máximas autoridades de los ministerios de Educación, Finanzas, Relaciones Laborales también tienen pendiente la entrega de información requerida por los asambleístas.

Para el vicepresidente del Parlamento, Juan Carlos Cassinelli (AP), la resolución del CAL está basada en las disposiciones de la LOFL y tiene como objetivo transparentar la información con la necesaria asistencia de los secretarios de Estado.

Pedro de la Cruz (PSE), aliado a AP, señaló que no es la primera vez que el Consejo aprueba esta clase de resoluciones para presionar a las funcionarios a dar la información. Y justificó ciertos incumplimientos por la extensión de los pedidos, pues unos llegan a 7 mil páginas.

El asambleísta Francisco Ulloa (MPD) precisó que ya es hora de que el órgano legislativo haga cumplir sus propias normas internas y lleve adelante verdaderos procesos de fiscalización. En la comparecencia a las comisiones los secretarios de Estado, a más de informar sobre las preguntas hechas por los parlamentarios, deberán explicar por qué la demora en la entrega de datos solicitados.

Para Fausto Cobo (SP), los funcionarios no cumplen con los pedidos porque la Asamblea perdió fuerza en la capacidad fiscalizadora. Y también faltó valentía de la oposición para seguir juicios políticos por la inobservancia en la entrega de documentos.

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