Doña María Borja hasta se desmayó cuando el pasado viernes, agentes de la Policía de su parroquia Buenavista le notificaron que no podía salir de casa, pues tenía una boleta de captura.
Ella tiene arresto domicilio por una demanda de pensión alimenticia dictaminada por el Juez V de la Niñez y Adolescencia, George Salinas Jaramillo.
La acción legal la siguió en su contra Luisa Vicenta Valle álvarez, ex esposa de uno de sus hijos, fallecido hace once meses.
Doña María, entre sollozos, relata que la sorpresa fue tan grande que sus problemas de hipertensión se agudizaron en el acto.
“Era una tembladera que no me aguantaba. Yo le pido a mi Dios que me ayude de corazón.
La demandante exige la cancelación inmediata de hasta $3600, sin embargo, luego de algunas reconsideraciones, fijó la tarifa en $130, los cuales, dice no sabe de dónde sacar, pues su única fuente de ingresos es el Bono de Desarrollo Humano (BDH), que mes a mes recibe por el monto de $35.
En la demanda, Vicenta exige el pago de pensiones alimenticias y gastos de manutención de tres hijos de 17, 7 y 5 años de edad.
“Demando a la abuela de mis hijos, ya que el padre de ellos falleció en septiembre de 2009 y mis hijos necesitan de una pensión alimenticias para ayudar a cubrir sus necesidades económicas”, plantea la demandante en el formulario único para la demanda de pensión alimenticia.
En el documento, doña Luisa Vicenta afirma que la demandada ostenta ingresos mensuales de $500 y posee negocio propio, algo que no solamente doña María cuestiona, sino también sus dos hijos que conviven con ella, pues es viuda.
Dos gendarmes de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de la parroquia Buenavista se turnan para custodiar las 24 horas a doña María Borja, pues según la disposición del juez, ella tiene prohibido abandonar su hogar.
