Mientras el bloque oficialista en la Asamblea legislativa sostiene que las propuestas aprobadas en la consulta popular del pasado 7 de mayo son un mandato de la ciudadanía y, por lo tanto, deben acatarse, la oposición mantiene una tesis contraria y anuncia que desconocerán dichos temas.
La oposición mantiene la tesis de que la consulta no fue aprobada por la mayoría de ciudadanos, pero para sus cálculos se basan en la suma de los votos nulos y blancos.
El Código de la Democracia -ley electoral- establece en su artículo 198 que para la aprobación de un asunto en referéndum o consulta popular se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos. Es decir, que se tomará en cuenta únicamente los votos en los que se exprese una voluntad por el Sí y el No. Pues los nulos y blancos no son considerados como votos validos. Esta normativa se adoptó en la Constitución vigente aprobada en el 2008, la cual es de conocimiento de todos los sujetos políticos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, convocó para hoy una reunión de jefes de bancada con la intención de consensuar la puesta en vigencia de las leyes derivadas de la consulta: penalización del enriquecimiento privado no justificado, no afiliación a la seguridad social y creación de un consejo de regulación de medios.
Gilmar Gutiérrez, jefe de bloque de Sociedad Patriótica, adelantó que su partido decidió “acatar el mandato de la mayoría de ecuatorianos que no apoyaron la intención de Rafael Correa” en la consulta popular del 7 de mayo.
El bloque de Pachakutik (brazo político del movimiento indígena) y el Movimiento Popular Democrático (de izquierda radical) tampoco respaldarán los cambios que el oficialismo considera un mandato popular de cumplimiento inmediato.
Para aprobar leyes en el Parlamento se requieren de al menos 63 votos de 124 asambleístas. El oficialismo cuenta con una mayoría legislativa de 52 legisladores. Adicionalmente los votos de 11 o 12 aliados, dijo a la Agencia Andes Rolando Panchana.
