El proyecto de Código de Planificación y Finanzas Públicas que tiene por objetivo garantizar y normar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa pasó el primer debate en la Asamblea Nacional.
Durante el debate, asambleístas de distintas tendencias expresaron su respaldo al planteamiento de vincular la planificación con el manejo de las finanzas públicas, en aplicación del mandato constitucional. Y exhortaron a la Comisión de Régimen Económico para que en el informe para segundo debate se revisen aspectos como la facultad que se le otorga al Ministro de Finanzas para mover discrecionalmente hasta el 15% del Presupuesto General del Estado aprobado por la Asamblea, así como la conveniencia o no de trasladar las atribuciones que hoy le corresponden a esa cartera de Estado, antes en manos de la Agencia de Garantía de Depósitos, al Fideicomiso no Más Impunidad.
La normativa que contiene 193 artículos, 17 disposiciones generales, 17 transitorias, cinco derogatorias y una final; establece disposiciones que regulan el ciclo de las políticas públicas en todas sus fases, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, la programación presupuestaria cuatrienal del sector público, el Presupuesto General de Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas; y, todos los recursos públicos y demás instrumentos aplicables a la planificación y las finanzas públicas.
El código pretende asignar equitativamente los recursos públicos y la gestión por resultados; fomentar la participación ciudadana y el control social en la formulación de la política pública que reconozca la diversidad de identidades; aportar a la construcción de un sistema económico social, solidario y sostenible, que reconozca las distintas formas de producción y de trabajo, y promover la transformación de la estructura económica primario-extractivista-exportadora, las formas de acumulación de riqueza y la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo.
Así también, promover un ordenamiento territorial equilibrado, ley marco de la unidad del Estado, que reconozca la función social y ambiental de la propiedad y que garantice un reparto equitativo de las cargas y beneficios de las intervenciones públicas y privadas; fortalecer el proceso de construcción del Estado Plurinacional e Intercultural, y contribuir al ejercicio de derechos de los pueblos, nacionalidades y comunidades; fortalecer la soberanía nacional y la integración latinoamericana a través de las decisiones de política pública; y, propiciar a través de la política pública la convivencia armónica con la naturaleza, su recuperación y conservación.
La propuesta también constituye un instrumento jurídico para la planificación y se estructura en función de tres ejes: el régimen del desarrollo, la garantía de los derechos del buen vivir y el nuevo modelo de Estado. Se destaca como principal desafío el devolver la rectoría del ámbito de la planificación al Estado.
Se identifican aspectos como la vinculación entre la planificación y presupuesto; la gestión fiscal plurianual; se redefine el concepto de endeudamiento público dando la suficiente flexibilidad a instrumentos financieros modernos; se mejoran los límites de endeudamiento para los gobiernos autónomos descentralizados en función de su capacidad de pago; entre otros.
Para saber más de la ley, el link de su borrador es el siguiente:
