Santos respetará decisión de CIDH sobre la destitución de Petro

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó hoy que respetará la decisión que adopte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a la destitución e inhabilitación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y reiteró que mantendrá una posición neutral sobre este polémico caso.

“Si la Comisión dicta medidas cautelares estoy obligado a cumplirlas”, aclaró el presidente, quien hoy recibirá al alcalde bogotano para expresarle además que tiene derecho a acudir a instancias internacionales para defender sus derechos.

Pero también dejó claro que será neutral. “No voy a tomar partido ni a favor ni en contra del alcalde ni del procurador; tomaré partido por la institucionalidad”, aclaró en una entrevista a la emisora La W.

Santos se expresó así sobre la crisis desatada en la capital a causa de la decisión del procurador general, el ultraconservador Alejandro Ordóñez, de inhabilitar por 15 años a Petro.

El pasado 9 de diciembre, Ordóñez dictó la “muerte política” de Petro, un exguerrillero del M-19, al alegar mala gestión durante una crisis de basuras que sufrió Bogotá en diciembre de 2012.

Esta medida ha sido duramente criticada por la mayoría de los ciudadanos, así como por buena parte de los medios de comunicación y expertos constitucionalistas, por estimar que ha sido excesiva e incluso por tener tintes políticos al tratarse de un alcalde de izquierdas.

La situación llevó a la Fiscalía General a llamar la atención sobre el caso, al considerar que la decisión del procurador atenta contra la institucionalidad, y desató la reacción de la comunidad internacional en defensa del estado de derecho.

La reunión entre Santos y Petro se producirá hoy antes de que el alcalde viaje esta noche a Washington para presentar sus alegaciones a la CIDH, organismo al que ha pedido medidas cautelares.

Esta cita prosigue a la que el presidente mantuvo ayer con el mismo Ordóñez, quien ostenta un puesto administrativo encargado de controlar a los funcionarios públicos, y con el fiscal general, Eduardo Montealegre, cuyo cargo es uno de los más importantes del poder judicial, ahora enfrentados por esta decisión.

Mientras que Petro considera que el presidente puede revertir la decisión tomada por el procurador, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, adelantó ayer que la tarea del Gobierno es ejecutar decisiones, pero en ningún caso investigar.

El presidente Santos insistió hoy en que su interés “es acatar la Constitución y las leyes, y defender la institucionalidad del país”.