Tras la intervención de las empresas del conglomerado Ortega, anunciada a comienzos de mes por la Superintendencia de Compañías (SC), el caso no termina, por el contrario, sigue avanzado por los reclamos de los perjudicados.
Ayer, simultáneamente en Quito y Guayaquil, decenas de personas buscaban una salida legal a lo que consideran una estafa.
Edison Rodríguez, abogado de 11 clientes de Seguros Bolívar -una de las compañías más grandes del grupo y que entró en liquidación forzosa en 2013-, presentó en la Fiscalía de Pichincha una denuncia por estafa masiva en contra de Fabián Ortega Trujillo, Luis Alberto Ortega y Marco Chang, este último exgerente financiero de la aseguradora.
Según Rodríguez, Seguros Bolívar captaba recursos de sus clientes a cambio de un pago mensual de utilidades, y los inversionistas nunca recibieron su dinero de vuelta. “El dinero se entregaba en efectivo y ellos a cambio entregaban un cheque fechado para que sea cobrado posteriormente, mientras, les entregaban una utilidad semanal, quincenal o mensual, dependiendo del trato, pero en marzo del año pasado cuando la gente empezó a pedir que les devuelvan el capital, no lo hicieron argumentando dificultades económicas”, explicó.
Luis Robles, exfuncionario de la empresa, reveló que Chang era el “mentalizador” del programa de inversión en el que se pagaba un 4% de utilidad sobre el capital.
Martha Valdez invirtió al menos $ 55.000. Parte de su capital lo obtuvo de la venta de una propiedad y el resto era fruto de las utilidades ganadas. Recordó que cuando pidió que le devolvieran el dinero, le dijeron que esperara.
Pero igual que ella, muchos se cansaron de la espera, incluidos los 1.200 clientes de la inmobiliaria Terrabienes que ayer estuvieron por segundo día en la Fiscalía en Guayaquil para poner una queja formal.
Algunos expusieron carteles frente a esta dependencia hasta horas de la tarde. Uno de los afectados es Javier Agusto quien explicó, al fiscal del Guayas, que luego de pagar $ 17.000 a la inmobiliaria Terrabienes, su casa se quedó en un proyecto. “Mi contrato terminaba en junio de este año, pero dejé de pagar en junio de 2014 cuando vi que no construían nada en el sitio”, explicó.
Ahora Agusto espera que el organismo pueda iniciar un proceso por estafa. Algo similar aspira Jackeline Ortiz, quien por segunda vez ha visto frustrados sus intentos de obtener vivienda propia. La primera vez, en 2012, pagó $ 9.000 a la empresa Duplocorp, constructora de la urbanización Comunidad Sorrento en la vía a la Costa, pero el proyecto quedó inconcluso.
Posteriormente, por el “prestigio” de Terrabienes, intentó adquirir su casa en Arcos del Río, pero una vez más su inversión está en riesgo. “Mi casa me la iban a entregar en agosto de 2014, ahora espero al menos recuperar los terrenos, porque finalmente podemos construir poco a poco”, expresó Ortiz.
Las denuncias de los clientes de Terrabienes y Seguros Bolívar se unieron esta semana a las de 170 exempleados de la empresa aseguradora, quienes hasta el momento no han recibido sus liquidaciones.
Este diario intentó comunicarse con el actual liquidador de la compañía, Jacinto Cordero, para conocer sobre el tema, pero declinó una entrevista.
De su parte, Carlos Espinoza, liquidador hasta el viernes, dijo que el retraso se debe a una “contradicción” entre la Constitución y la Ley de Seguros, pues en la primera se establece como prioridad el pago a los empleados, y en la segunda, no. El tema se consultará a la Procuraduría General del Estado para llegar a una solución. Las empresas del Grupo Ortega fueron intervenidas por la SC por incumplir 2 pagos de aproximadamente $ 700.000 en el mercado bursátil.
Jorge Ortega pidió disculpas
Anoche Jorge Ortega, presidente de Terrabienes, dialogó con varias de las personas que reclaman su dinero. El empresario pidió disculpas por la demora y dijo que por razones fuera de su control las fechas de entrega de las casas se atrasaron.
Pero aclaró que ese atraso “no significa que no vamos a cumplir. Vamos a entregar sus casas a quienes así lo deseen. Debo decirles que el dinero que han pagado está invertido en la tierra, en las obras de urbanización. Aquellos que no quieran continuar con la operación serán compensados con un terreno dentro de la misma urbanización, de manera tal que puedan proteger su patrimonio”.
También dijo que el equipo de trabajo de Terrabienes analizará cada caso en forma individual “para dar la solución correspondiente”.
Fuente: El Telégrafo
