Doscientos dos días después de que el asesinato de la joven quiteña Karina Del Pozo, de 20 años, conmocionara al país, el Séptimo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha juzgó a quienes se responsabilizaron del crimen.
En audiencia realizada ayer, los jueces del Séptimo Tribunal determinaron la responsabilidad de los acusados David P., Manuel S. y José S., en la muerte de la joven, ocurrida la madrugada del 20 de febrero de 2013.
Luego de escuchar los alegatos del fiscal, Vicente Reinoso, y del abogado acusador, César Ochoa, quienes a través de los testigos y de la presentación de pruebas materiales, documentales y testimoniales comprobaron la participación de los tres procesados en el cometimiento del delito de asesinato de la joven, el Tribunal se retiró a deliberar durante 20 minutos, aproximadamente.
Luego de eso y con la presencia de la prensa, que desde el inicio siguió el caso con mucha expectativa (llegó a convertirse en el más mediático de violencia a inicios de año), se esperó la sentencia para David P., como autor material del asesinato, y Manuel S. y José S., como coautores del delito.
La audiencia de juzgamiento de los tres implicados se inició el pasado 4 de septiembre. Los primeros cuatro días se dio paso a los testigos de la parte acusadora y luego la defensa realizó la presentación de la prueba por la cual se pretendía que se exculpara a los acusados.
En el segundo día de la audiencia, Luis Figueroa, médico legista, confirmó que la joven murió por un traumatismo craneoencefálico grave que afectó los huesos de la bóveda y la base del cráneo.
El especialista dijo que esta herida fue realizada con un objeto contundente y que los golpes contra la chica debieron producirse en repetidas ocasiones.
El teniente Edwin Vizcaíno explicó en su declaración ante el tribunal que tres piedras fueron halladas en el terreno, las cuales, según la versión de la Fiscalía, habrían sido utilizadas para atacar a Karina la madrugada del 20 de febrero, lo que a la postre motivó su muerte, ya que supuestamente con ellas golpearon la cabeza de la víctima.
El tribunal, compuesto por Susana Nájera (presidenta), Marlin Calderón y Carlos Borja, había escuchado, además, a los abogados defensores, quienes alegaron la inocencia de sus clientes en el delito de asesinato, que contempla una pena de entre 16 y 25 años de reclusión mayor especial, según el Art. 450 del Código Penal.
Luego se produjeron los alegatos finales de las partes procesales para proceder entonces a escuchar el veredicto de los jueces, en cuanto a la culpabilidad o inocencia de los implicados. Entre los análisis realizados previamente, durante el proceso investigativo, la Fiscalía comprobó que la sangre encontrada en varias partes de la camioneta de Manuel S. pertenecían a la víctima.
El mismo joven tuvo en su poder la memoria del celular de Karina del Pozo. Los rastros de ADN encontrados en la ropa de José S. también coincidieron.
Además, los resultados de los exámenes psicológicos practicados a los 5 detenidos habrían dado positivo en dos de los chicos, en psicopatía violenta contra mujeres, afirmó Édgar Ortiz, abogado.
Desde el inicio del caso se señaló que el departamento de uno de los acusados, Juan P. V., solía ser el punto de encuentro para fiestas entre semana. La noche del 19 de febrero era la segunda vez que Karina del Pozo estaba ahí.
Incluso, desde el inicio hubo una serie de señalamientos, como el de José, que dijo haber tenido relaciones sexuales con Karina en el subsuelo del edificio; mientras que Geovanny y Nicolás dijeron que ella «vaciló» con Juan Pablo, pero ninguno dijo ser amigo de la joven.
DATOS
El cuerpo de Karina Del Pozo fue encontrado con signos de tortura el 27 de febrero pasado, abandonado en una quebrada del sector nororiental de Llano Chico, en Quito.
Cinco de sus amigos con los que estuvo en una fiesta 7 días antes (la noche del 26 de febrero), fueron arrestados la tarde del hallazgo, como sospechosos.
Cecilia R. y Nicolás L. estuvieron presos casi 5 meses luego de que fueron implicados en el asesinato de Karina Del Pozo. Ambos fueron sobreseídos provisionalmente por el Juez Undécimo de Garantías Penales, Raúl Martínez.
Durante su estancia en prisión, debido a las amenazas de muerte que recibieron, José S., Nicolás L. y Geovany P. fueron llevados a diferentes centros de detención, mientras que Cecilia R. permaneció en la cárcel de mujeres del Inca.
