La profundización de las indagaciones iniciadas por los motivos de la rebelión policial, fortalecer la cooperación interinstitucional y realizar campañas de participación ciudadana a nivel nacional, para que aporten con más datos e informes, son los nuevos giros que tomará la Comisión 30-S, grupo de profesionales que investiga los hechos del 30 de septiembre de 2010, luego de recibir una prórroga de 6 meses en funciones por decreto presidencial Nº 185 el pasado martes.
Carlos Baca Mancheno, presidente de la comisión, indicó ayer que el principal objetivo en este nuevo plazo que tendrán en funciones, será el determinar de una vez a los autores materiales e intelectuales de los hechos. «Y junto con quienes participaron de esta conspiración política», dijo.
En estos 6 meses -expresó Baca- la dispersión procesal con que se dieron las primeras investigaciones fue el principal problema que afrontó la comisión. «Muchos casos se investigaron de manera aislada y la mayoría fue por delitos menores», expresó.
Baca reveló que hay avances significativos en el último mes, pues se abrieron 12 nuevos expedientes judiciales en ciudades de Quito, Ambato, Cuenca y Guayaquil. «Son 52 procesos que se han judicializado, en total, por los hechos del 30-S, entre abiertos y cerrados», señaló.
Referente a las últimas investigaciones, mencionó el caso de la exhumación del soldado Jacinto Cortez, quien falleció ese día: «En la primera exhumación no se encontró la bala que lo mató, sino en la segunda. Es una falencia grave que no se hayan tomado los respectivos procedimientos». El informe de los primeros 6 meses de trabajo fue presentado hace una semana por la comisión al presidente de la República, Rafael Correa, y con el propósito de ampliar las investigaciones se decidió la prórroga.
Los resultados de la indagación, al tratarse de información que compromete procesos judiciales, son remitidos constantemente a la Fiscalía General del Estado.
