El actual Régimen desde hace cinco años viene reforzando el Bono de Desarrollo Humano (BDH) como uno de sus estándartes de lucha social, 368 ecuatorianos se han registrado a diario como beneficiarios de este subsidio.
Esto lo ha ubicado como uno de los primeros países de la región en llegar al 100% de pobres y cubrir más de la mitad del déficit de ingreso de los indigentes. Pero tras 14 años, desde su creación como Bono Solidario, aún faltan indicadores relacionados con la pobreza y la consecuente salida de la gente del programa.
El aumento de 662 458 beneficiarios, desde el 2007 hasta septiembre pasado, corresponde en gran medida a personas con discapacidad y adultos mayores, que no están cubiertos con la Seguridad Social (ver cuadro). La Constitución establece que deben recibir una pensión mínima.
Nathalie Cely, embajadora en EE.UU., y una de las artífices de la creación de este programa, en el gobierno de Jamil Mahuad, en 1998, explicó que en ese entonces se decidió entregar al 40% más pobre de la población y en el 2007 se amplió al 100%.
En el 2003, con el ex presidente Lucio Gutiérrez, se incluyeron dos condiciones: que los niños de hasta 6 años acudan a chequeos médicos y que los de 6 a 16 años asistan a clases. Pero el seguimiento del cumplimiento de estas condiciones al 100% de beneficiarios sigue siendo una debilidad hasta hoy.
El informe latinoamericano ‘Pobreza y desigualdad 2011’ concluyó que el país no cuenta con un sistema de monitoreo para verificar el cumplimiento de condiciones.
El Programa de Protección Social (PPS) hace énfasis en actualizar el número de beneficiarios, pero no publica cuántos han salido del programa, porque superaron la condición de pobreza. En términos generales, el Ministerio de Coordinación de la Política Económica registra que la extrema pobreza se ubicó en 9,4% a junio pasado, mientras que a diciembre del 2006 era del 16,9%.
En la región, el país es elogiado por el valor de la transferencia, la cual representa 1,1% del PIB, pero en países como México, el éxito de su programa se mide a través de indicadores que muestran cómo las condiciones de vida mejoran y están listos para dejar el plan condicionado. Se controla al 100% de beneficiarios y el dinero no se da hasta comprobar que se cumplan las condiciones.
Brasil está considerado el más adelantado en este tema, pues hace censos cada tres años, que cuestan USD 90 millones, lo cual resulta oneroso para otras naciones. Los expertos consultados y Murillo coinciden en que el programa requiere de políticas que detallen cómo superar la extrema pobreza para no condenar a los beneficiarios a la condición de mendigos de por vida.
Asimismo, considera que falta establecer reglas claras de entrega del bono y fórmulas para medir el impacto que tiene.
Las mediciones de impacto son claves, por ejemplo, cuando la matrícula de educación primaria ya es alta, el gasto de imponer condiciones y el monitoreo superan los beneficios en términos de costo-impacto, según el balance que hicieron NN.UU. y Cepal a las experiencias de 17 países, el 2011.
En Ecuador el índice de asistencia escolar en la educación básica está en 95%, no así en la secundaria, que no supera el 60%. Este efecto poco significativo en la educación se debe a que hay otros programas estatales (textos, uniformes, alimentación gratuitos) que incentivan el interés por estudiar. A esta conclusión llegó Cristian Cabrera, en una investigación de la U. Técnica de Loja.
