Al menos a US$600 millones llega el perjuicio al Estado ecuatoriano por la paralización de 448 juicios de recuperación de dinero, por la quiebra de bancos hace 11 años.
El presidente del Banco Central, Diego Borja, visitó la Judicatura de Transición (CJT) y dijo que se han presentado 20 quejas a funcionarios judiciales, por lo que pidió al CJT que investigue los casos e imponga sanciones.
Según Borja, 18 jueces y dos fiscales son los responsables del retraso del pago de las deudas, por un tiempo que va mas allá de lo que el derecho permite.
El titular del Banco Central hizo referencia al caso de la empresa Costatrading, que debe $ 28,1 millones por 22 créditos que le hizo el Banco del Progreso, y que nunca fueron pagados. Afirmó que “durante la etapa de la AGD hubo un proceso para detener el cobro a quienes perjudicaron a la sociedad y al Estado”.
Paulo Rodríguez, presidente de la Judicatura respondió que los casos de afectación popular deben tener un trato especial y serán analizados, de uno en uno, para establecer responsables.
Para salvar a los bancos, en diciembre de 1998 fue creada la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
La institución se hizo cargo de los bancos quebrados y debía devolver las acreencias a millares de perjudicados. Sin embargo, el 2009 fue disuelta antes de terminar el trabajo. Desde su creación, la AGD tuvo 17 gerentes generales.
La quiebra bancaria de 1999 representó una pérdida de al menos $5 000 millones para el Estado.
