Por el incumplimiento de normas e irregularidades académicas, administrativas y financieras el Consejo de Educación Superior (CES) decidió intervenir de forma integral a la Universidad de Guayaquil durante un año, periodo en el cual se implementará un plan para mejorar la calidad de la educación superior y el fortalecimiento institucional.
La violación a la gratuidad, al igual que la alternancia de representantes estudiantiles al cogobierno y el desvío de fondos de la universidad a cuentas bancarias personales y a empresas privadas, que fueron detectadas por el CES tras una investigación realizada al centro de estudios, motivaron la decisión después de 15 meses de debates.
El presidente del CES, René Ramírez, dijo que otra causal importante fue la muerte del estudiante Edwin Pérez Chávez en los exteriores de la Facultad de Jurisprudencia.
Frente a todo esto, la autoridad aseguró que la decisión de intervenir integralmente la universidad no representará el cierre de la institución ni la salida de las autoridades. «Es una medida académica y administrativa de carácter cautelar y temporal que resolverá los problemas que afectan el funcionamiento de la institución. Nuestra intención es que continúe con normalidad», precisó Ramírez.
El Plan de Excelencia que se aplicará en la Universidad de Guayaquil será un proceso de acompañamiento junto con las autoridades para alcanzar tres principios: excelencia, gratuidad y transparencia.
Incremento de la inversión
Según Ramírez, en el establecimiento se invertirán 41 millones de dólares. La asignación estará dada por el proceso de optimización de los recursos con que ya cuenta la universidad. Además indicó que el plan será trabajado en conjunto con la Comisión y las autoridades.
Parte de la propuesta para alcanzar la excelencia educativa también es aumentar el número de profesores a tiempo completo, quienes ganarían cerca de 1.700 dólares a fin de pasar de 76 a 1.200 docentes de planta; eliminar la precarización laboral; garantizar el acceso transparente a la titularidad de cátedra a través de concursos de mérito y becas para los docentes, y subsidios para la jubilación docente que irían entre el 60% y el 70%.
También se implementará un Grupo de Alto Rendimiento (GAR) y en el transcurso de este mes seleccionará a los mejores estudiantes (los 5 mejor puntuados) de la universidad para otorgarles becas.
Otra de las propuestas es incrementar el número de prometeos (docentes investigadores) a 100, con una inversión de 75.000 dólares por cada uno.
Entre las acciones también se contempla -acotó Ramírez- destinar el 6% del presupuesto a investigación, lo que implicará una inversión de 7 millones de dólares adicionales y que el campo de la universidad tenga acceso libre a Internet.
La comisión empezó a laborar
La tarde de ayer tomó posesión en la Universidad de Guayaquil la Comisión Interventora que estará presidida por Jorge Khalil Barreiro y que será conformada por Lobelia Cisneros Terán, primera miembro académico; Luis Carmenate Fuentes, segundo miembro académico, Sybil Reyes Sarria, miembro jurídico, y Luis Rodríguez Díaz, miembro administrativo financiero, todos con amplia trayectoria en la academia.
Khalil dijo que tras la posesión empezarán a trabajar en un diagnóstico más profundo para afinar el plan que ejecutarán y que garantizará la gratuidad y la calidad. «La excelencia académica es lo que se busca con este proceso», manifestó. Las acciones legales que se tomarán frente a la serie de denuncias establecidas y los funcionarios mencionados en el informe deberán ser corroboradas.
Para el rector de la Universidad, Carlos Cedeño, la intervención es positiva y ayudará a una de las universidades más grandes del país, que alberga a un promedio de 66.000 estudiantes. «El documento no solo hace referencia a las fallas que se han producido en la universidad sino a la necesidad de fortalecimiento para que, en el menor tiempo posible, se alcance los más altos estándares de calidad en los procesos que se desarrollan», expresó Cedeño.
Mientras que José Apolo, vicerrector académico, indicó que la propuesta del CES la tomarán como un reto y una oportunidad para la universidad. «Considero que están adquiriendo un compromiso inmenso con toda la comunidad universitaria, pero va a depender mucho del apoyo que tengamos directamente del CES para que se cumpla con todas las aplicaciones de la comunidad», acotó la autoridad.
AUTORIDADES NO CUMPLIERON CON GRATUIDAD
Con los cobros indebidos de derecho a copias, exámenes, trámites, tasas, seminarios de graduación y cursos de inglés y de computación, que van de 35 a 1.000 dólares, fue incumplido el principio de la gratuidad en la universidad. Así lo detalla el informe emitido por el CES.
Según René Ramírez, de las 16.000 solicitudes de devolución solo un promedio de 4.179 ha recibido trámite.
Desde abril pasado una resolución del organismo de control disponía la devolución de los valores pagados indebidamente y solicitaba un informe al respecto, pero la Universidad de Guayaquil presentó su reporte luego de aproximadamente seis meses.
Ramírez aseguró que hasta este momento tampoco ha informado sobre las autoridades que dispusieron el incumplimiento de la gratuidad.
En lo que respecta a la oferta académica, la universidad acogió a estudiantes en carreras que no estaban legalizadas en el CES como politología, la cual fue suspendida durante un tiempo por no estar regularizada.
DESVÍO DE FONDOS Y ALZA DE SUELDOS
El desvío de recursos de la universidad a cuentas personales de funcionarios y empresas privadas, así como el alza injustificada de sueldos en más del 300% a personal del Hospital Universitario fueron determinantes para tomar la decisión de intervenir la institución educativa. Una lista detalla los aumentos de sueldo que se efectuaron a favor de asistentes y jefes del hospital que iban desde 635,74 dólares a 2.640 dólares, entre 2011 y 2012.
El informe del CES también muestra cheques a nombre de funcionarios como prueba de los pagos realizados en las extensiones universitarias actualmente cerradas. Además se hallaron recibos de cobro por gastos de alimentación y depósitos a la cuenta de la Empresa Agronivel S.A. que, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), presta servicios de alimentación y bebidas.
Para Enrique Santos, miembro académico del CES, este tipo de irregularidades evidencian el debilitamiento de la capacidad de las autoridades para gobernar la universidad, por ello insistió en que es necesario que encuentren un estilo apropiado de administración.
