El Ministerio de Justicia informó ayer que 77 jueces, de los 596 que administran la justicia en Ecuador, obtuvieron sus títulos profesionales en la Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador (UCCE), que fue cerrada por mandato de la Asamblea Nacional Constituyente en junio de 2008.
El centro de estudios fue acusado de entrega fraudulenta de títulos superiores, entre ellos los de doctores en Leyes. La UCCE graduó en poco tiempo a profesionales de tercer nivel “en carreras que en universidades legales y con un pensum apropiado tardarían varios años”, señala un comunicado de la institución.
El Ministerio de Justicia y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) realizaron una investigación para determinar cuántos de esos títulos cuestionados se entregaron a servidores judiciales, en especial a jueces del país.
Los datos arrojaron que de 3.730 servidores de la Función Judicial, que tienen título de educación superior, 1.181 lo consiguieron en universidades cuestionadas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador (Conea), lo que representa el 31,24% de funcionarios.
De ese número, 213 ostentan un título superior (casi todos en Derecho) de la extinta UCCE y, de ellos, 77 son jueces. La Constituyente de Montecristi dispuso además que los títulos cuestionados no podían ser inscritos en los registros profesionales de la Senescyt.
“Con este estudio, el Ministerio de Justicia también busca transparentar la relación que existe entre los problemas de la educación superior y la mala administración de justicia por la cuestionable formación profesional que dicen haber recibido una buena parte de los servidores judiciales”, agrega el texto.
La mañana de hoy, representantes de las universidades y del Ejecutivo condenaron también la sentencia otorgada por un juez de la provincia de Esmeraldas que ordenó a la Senescyt legitimar un sinnúmero de títulos de la extinguida universidad. Para evitar que el fallo se ejecute, apelarán a la Corte Provincial de Justicia y se solicitará a la Corte Constitucional una resolución que prohíba a los jueces intervenir en la educación superior.
