Alexis Ponce, quien se ha desempeñado por 25 años como activista de los derechos humanos, cuestionó la metodología utilizada por la organización Amnistía Internacional (AI) para la elaboración de un informe en el que afirma que el Gobierno de Ecuador utiliza la justicia para criminalizar la protesta social.
Ponce sostuvo que la organización internacional, a la que dijo respetar, se ancló en el pasado, eurocéntrica y norte céntrica, que descuida los procesos de cambio y las nuevas realidades de América Latina.
De acuerdo a Amnistía Internacional, su informe es el resultado de la investigación realizada entre 2009 y 2011 sobre el uso de la detención, la privación de libertad y la presentación de cargos “infundados” contra manifestantes indígenas y campesinos del Ecuador. Ponce –quien actualmente es funcionario de la Cancillería- dijo que AI está actuando desde una posición cómoda al basar sus conclusiones en los informes que le reportan las organizaciones locales, convertidos en corresponsales, ya que el ente internacional no tiene delegación en Ecuador.
Las oficinas de Amnistía Internacional en el país andino fueron cerradas hace 15 años y desde entonces basa sus informes en organizaciones no gubernamentales que operan en Ecuador, que en muchos casos son militantes de oposición. En este contexto, identificó a Pablo Cornejo, intermediario de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), la agrupación Inred, Cedhu y el Programa Andino de Derechos Humanos como los medios por los cuales AI sustenta sus “investigaciones”.
Cabe recordar que el Programa Andino de Derechos Humanos elaboró un informe sustentado, de acuerdo a sus propios autores y patrocinadores, en notas de prensa escrita y digital, boletines e informes institucionales. “Como (Amnistía) entró en crisis, que ya no tiene sección en Ecuador, hace que esos informes sean preparados a través de una serie de pequeños informes o mensajes electrónicos, que llegan muchas veces desde la oposición”, reiteró.
“Ellos en Londres, muy cómodamente, sin darse el lujo de contrastar o preguntar, envían de inmediato acciones urgentes, cartas por miles, esa es su manera de actuar en todos los países, lo cual es loable, pero más loable sería si primero preguntaran y contrastaran”, agregó.
Reconoció que pueden existir casos de abuso de la justicia, pero bajo esta premisa no se puede prejuzgar y decir que en Ecuador existe una política tendiente a criminalizar.
Manifestó que le parece “sospechoso y terrible” que la Confederación de Nacionalidades Indígenas haya iniciado acciones por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Rafael Correa, situación que no hicieron en el pasado en regímenes represores como el del socialcristiano León Febres Cordero, o Gustavo Noboa, que reprimió salvajemente los levantamientos indígenas en 2001 y 2002.
La organización reconoce que los estados tienen la obligación de mantener el orden público, sin embargo, justifica -sin importar los métodos- que para muchos grupos, «la protesta pública puede ser la única manera de hacer oír su voz».
Admite también que aunque “naturalmente” las huelgas, los cortes de ruta, el copamiento de los espacios públicos e incluso los disturbios “pueden generar molestias o incluso daños, sin embargo –argumenta- que poner límites a la protesta comprometen “seriamente” la libertad de expresión.
En su informe, de 37 páginas, basado en notas de prensa, Amnistía Internacional no menciona los casos de policías heridos en las violentas protestas que se han registrado en el Ecuador.
