Ricardo Antón, exdirector de la Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial (CNTTTSV), actual Agencia Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial (ANT), rechazó esta mañana el informe de la auditoría realizada a la compra de chalecos.
En el informe, la Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal en contra de siete funcionarios de la ANT, uno de ellos Ricardo Antón. Ahí no se incluyó a Yamil Chedraui Adum, uno de los hombres de confianza de Antón en la ANT y quien luego pasó a EICA y firmó los contratos.
De acuerdo a Antón, el dinero para la adquisición de los chalecos, en mayo del 2010, «salió del bolsillo izquierdo del Estado y entró al derecho», y la transferencia la hizo el Ministerio de Finanzas.
De qué peculado hablan los auditores si la negociación fue entre dos entidades del estado, la ANT y empresa IMC, cuestionó este jueves el exfuncionario, en rueda de prensa.
Antón indicó que las decisiones de la compra de chalecos y placas las tomó el Directorio de la Comisión de Tránsito, y que él solo fue un ejecutor.
El exfuncionario negó que se hayan comprado 1.200 unidades. Explicó que la ANT compró 600.000 kits, dos chalecos con igual número por cada placa, y que el motivo fue la seguridad vial, no contra el crimen de sicariato.
Antón señaló que el costo de cada chaleco fue de $ 5,50 para el Estado. «No cuestan 50 centavos como declara auditor», cuestionó. El monto del contrato no fue de diez millones de dólares, sino de $ 6'600.000, refirió.
El exfuncionario aclaró que su crítica al informe está dirigida a los auditores de Contraloría, quienes -según dijo- actuaron de mala fe. Enfatizó que su cuestionamiento no es al contralor Carlos Polit.
Foto: El Comercio