El Ministerio del Ambiente (MAE) y la Prefectura del Guayas, entes que se relacionan directamente con el cuidado del río Daule, confirman que en las poblaciones por donde el cauce está claro, de todas maneras tienen problemas de contaminación.
Envases de glifopac, fundas de basura, animales muertos y olores fétidos arrastrados por la corriente son algunos de los claros indicios, constatados por este medio, que evidencian el estado actual del río (que provee del líquido vital a Guayaquil) a la altura de los cantones Balzar, Daule y Nobol.
Roberto Urquizo, titular del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas, responsabiliza de la polución fluvial, principalmente, a las ciudades.
El funcionario considera que la falta de alcantarillado y de sistemas de tratamiento, incluido Guayaquil, y la presencia de industrias a orillas del afluente son los principales problemas.
“La contaminación que proviene de las ciudades es la más importante, amén de las casas que están ubicadas sobre los ríos y botan basura directamente a las aguas, aunque eso también es consecuencia de la falta de alcantarillado”, dice.
El representante del MAE en Guayas, Ignacio Cordero, explica que todavía no hay un estudio de parte de la cartera de Estado que revele el nivel de contaminación del río Daule, pues recién evalúan los afluentes que podrían estar contaminándolo, incluso, al punto de afectar la calidad del líquido proporcionado por la concesionaria Interagua.
“Todavía hacemos un muestreo de cada uno de los puntos que estamos estudiando, pero eso no significa que no estén contaminando”, recalca la autoridad ambiental, quien está a la espera de los resultados de los análisis que realizan con el Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro). Además, el funcionario informa que se educa a la población involucrada junto con el Mipro y la AME-Guayas.
Contaminación en cantón
Los moradores y autoridades de las ciudades visitadas acusan a Balzar de ser la “causante” en gran parte de la contaminación del afluente. Pero Urquizo aclara que la responsabilidad no solo es de la capital maicera, sino de todos los cantones asentados en los márgenes del río Daule.
Según el encargado ambiental de la Prefectura, el Municipio balzareño está en el proceso de licenciamiento de la construcción y funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas servidas en la ciudad, lo cual evidencia que allí no tienen red de alcantarillado y botan aguas crudas al afluente.
“Da pena que en pleno siglo XXI haya ciudades, no solo en el Guayas, sino en todo el país, que no tienen sistemas de alcantarillado y de tratamiento de aguas servidas”, manifiesta.
Asimismo, agrega que las municipalidades de Colimes y Jujan han presentado estudios para el licenciamiento. Todos los municipios de la provincia del Guayas (excepto el Cabildo porteño, que maneja su propia zona y está acreditado como autoridad ambiental) tienen que buscar la licencia ambiental que emite la Prefectura del Guayas cada vez que desean construir una infraestructura que puede tener impacto en el ecosistema.
Urquizo explica que la licencia ambiental que otorgan es una resolución administrativa firmada por el prefecto provincial, mediante la cual se aprueba un estudio de impacto ambiental.
Asimismo, el funcionario aclara que este es un informe técnico que evalúa los efectos en el medio ambiente generados por una infraestructura que se construirá en el futuro o una que ya está en funcionamiento.
Por su parte, Cordero señala que el MAE primero verifica que las entidades cumplan con los requisitos dentro del Texto Unificado de Legislación Secundaria (Tulas), para acreditarse en el Sistema único de Manejo Ambiental (SUMA) y así otorgarles la licencia.
Posteriormente, realizan auditorías en cualquier instante y de cualquier tipo. También controlan la calidad de la labor por medio de informes trimestrales. Si no cumplen con los parámetros, las sanciones van desde una nota de inconformidad mayor hasta el retiro del licenciamiento.
Sanciones similares aplica la Prefectura del Guayas: desde imponer una multa equivalente a 100 salarios mínimos a quienes arrojen aguas residuales sin tratar, hasta la revocatoria de la licencia ambiental.
