La inclusión de una pregunta que busca regular la emisión de contenidos violentos, explícitamente sexuales o discriminatorios, en la Consulta Popular planteada por el presidente de la República, Rafael Correa, ha generado la reacción de las empresas vinculadas a la comunicación y de sectores de oposición.
El presidente Correa ha indicado que en condiciones normales, la pregunta nueve de la Consulta que habla sobre la creación de un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en televisión, radio y prensa escrita, pero como la Ley de Comunicación ha estado bloqueada dos años es necesario preguntarle a la ciudadanía para desbloquear el tratamiento en la Asamblea.
El Jefe de Estado aseguró que en el país no se han aplicado las convenciones internacionales, al igual que la Constitución, como en el caso de que dice que las personas tienen derecho a su honra “y los sicarios de tinta despedazan cada día la honra de la personas, empezando por el Presidente”.
No obstante, las voces críticas advierten de un mandatario que pretende controlar a la prensa y limitar así el derecho a la libertad de expresión.
Por ejemplo, según apunta en diario La Hora, César Montúfar (CN) considera que el contenido de la pregunta está en el acuerdo ético político, pero que no podrá estar integrado ni por el Gobierno ni los medios, y subrayó que “lo peligroso es que opere como un mandato político y que el Ejecutivo se sienta con la autoridad de dictarle a la asamblea la Ley de Comunicación”.
Sin embargo, el presidente Correa ha señalado en diversos espacios que la intención es garantizar los derechos de las personas –consagrados en la Constitución vigente- de los eventuales excesos de la prensa.
Así, recalca que contrario a lo que sostienen ciertos medios de comunicación, la actual ley (dictada en el gobierno conservador del presidente Sixto Durán Ballén) establece un Consejo de Regulación que tiene mayoría del Ejecutivo. “Ni siquiera buscamos eso, pero sí creemos que es sano que el Gobierno tenga representante en el Consejo, la prensa que ya está manipulando dice que queremos dominar el Consejo. Falso. La propia UNESCO preguntaqué hay de malo en que el Gobierno participe del Consejo”, sostuvo el mandatario en una entrevista radial.
Así, considera un deber del Estado garantizar los derechos de las personas y mejorar sus condiciones de vida, para lo cual, el Presidente de la República, considera que es necesario preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo o no con que se regule y se prohíba la difusión de programas y mensajes televisivos con contenido violento.
La pregunta 9 señala lo siguiente:
¿Está usted de acuerdo con que la Asamblea Nacional, sin dilaciones dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos de la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores?
