En su segundo día de trabajo en el Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) analizó el caso Abril Alosilla que demanda al Estado peruano por el irrespeto a la protección judicial en contra de 233 miembros del sindicato de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Lima.
En la audiencia, en la que se expusieron las posiciones de las partes y se receptó la versión de un testigo, no participó el presidente de la Corte, Diego García, de origen peruano. Tras escuchar los alegatos orales, los jueces dispusieron que se remitan los alegatos finales por escrito hasta diciembre próximo, para su análisis respectivo y posterior sentencia.
El caso se originó por la aprobación de un decreto dictado en noviembre de 1992 en el que se eliminó el sistema de justes automáticos de salarios desconociendo la garantía de irretroactividad de las leyes laborales y de la Constitución peruana.
“Las autoridades consolidaron la arbitrariedad mediante recursos de amparo (…) las 233 víctimas quedaron en indefensión y desprotección judicial frente a la aplicación retroactiva y los efectos de dicha aplicación en su patrimonio”, explicó la defensa de los perjudicados.
La delegada del Estado peruano, Delia Muñoz, recalcó que su país ha reconocido su responsabilidad internacional al haberse afectado el derecho de protección judicial, sin embargo la defensa exige que se determinan efectos prácticos.
La Comisión Interamericana elevó el caso a la Corte por considerar que permitirá pronunciarse sobre el alcance de las obligaciones estatales y piden que se establezcan plazos específicos para las medidas de remediación “a fin de que el reconocimiento no pierda sentido”.
