El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó para el jueves, a sesión con el fin de iniciar el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, que entre otros aspectos se refiere a la forma de cálculo y revisión de las pensiones de jubilación.
El debate se basará en el informe preparado por la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, presidida por la asambleísta Nivea Vélez, quien recordó que para el análisis de esta propuesta se reunió en varias ocasiones con los dirigentes de la Confederación Nacional y Federación de Pichincha de Jubilados, Asociación “Batalla de Tarqui”, Confederación Nacional de Servidores Públicos, Asociación de Municipalidades del Ecuador.
También se recibieron observaciones por parte de la Federación Provincial de Jubilados de Guayas, Federación de Afiliados al Seguro Social Campesino de El Oro, Asociación de Técnicos, Separados y Jubilados de las Telecomunicaciones del Ecuador y del Frente por la Dignidad y Derechos Humanos de los Jubilados Pensionistas y Tercera Edad, entre otros.
El proyecto modifica el artículo 234 de la Ley de Seguridad Social, según el cual la inflación es el único factor que se toma en cuenta para determinar el aumento de las pensiones de jubilación, lo que ha hecho que cada año los jubilados reciban apenas 10 dólares de aumento en sus ingresos, causando la desvalorización del aporte entregado por miles de compatriotas que a lo largo de más de 30 años dieron sus mejores esfuerzos para la construcción y el fortalecimiento de nuestra patria, afirmó Nivea Vélez.
Añadió que ante esa situación es urgente la reforma que permita una jubilación más digna, que en el caso de los jubilados debería tener como fuente de financiamiento las inversiones realizadas por el IESS.
Enfatizó que el proyecto permitirá materializar y llevar a la práctica las acciones afirmativas que tiene obligación el Estado de realizar, para garantizar el derecho que tienen las personas consideradas en estado de desigualdad y equiparar sus condiciones para el pleno y eficaz ejercicio de sus derechos.
