Después de un período de reducción de crímenes violentos y tranquilidad en las calles de El Salvador, a finales del mes de marzo hubo un aumento en los asesinatos (más de 80 en un fin de semana) que no se veía hace 30 años.
A partir de esto la Asamblea Legislativa, que tiene como mayoría al partido oficialista, aprobó la solicitud del Ejecutivo salvadoreño para hacer reformas al código penal, buscando endurecer las penas en contra de las personas que sean juzgadas como pandilleros. Este cambio en la normativa podría penar de entre 20 a 40 años a quienes sean miembros de las maras, y entre 40 y 45 para sus líderes.
Varios medios, como El Faro, establecieron que la reducción en la violencia se debía a un pacto entre el gobierno de Nayib Bukele y las maras, cosa que fue negada por las autoridades. No obstante, a finales del año pasado, Estados Unidos sancionó a dos miembros del Ejecutivo por “negociar en secreto” contra organizaciones criminales.
Desde estos sucesos, el gobierno de Bukele ha aprobado 3 medidas que han generado controversia: 1) la prohibición a los medios de difundir cualquier contenido presuntamente originado por las pandillas, 2) prohibir la elaboración de grafitis que hagan alusión a las maras, y 3) reutilizar los bienes y armas incautados de las pandillas para usarlos en su contra.
Con todo esto, traemos 5 claves que servirán para comprender mejor la situación:
1.- ¿Qué está sucediendo? A finales de marzo se reportó un aumento exponencial de la violencia en El Salvador. 87 personas fueron asesinadas en un solo fin de semana, la mayor escalada en 30 años. Las autoridades han adjudicado los sucesos a las bandas criminales y empezaron operativos en puntos clave del país.
2.- ¿Cuáles han sido las reacciones del gobierno? Luego de la ola de violencia, el gobierno de Nayib Bukele pidió a la Asamblea Legislativa que se aprobase el estado de excepción. Esta medida, que fue aprobada por el legislativo, permite a las autoridades limitar la libertad de movilidad y de asociación, el derecho a ser informado de los motivos de arresto queda suspendido, el plazo de detención administrativa pasa de 72 horas a 15 días y otorga la facultad de intervenir los celulares de quien consideren sospechoso.
Las fuerzas de la seguridad intensificaron los patrullajes y operativos en comunidades del país. Soldados con fusiles M-19 han montado barricadas por algunas calles y controlan el movimiento ahí, requisando a quien entre y salga de esos espacios.
3.- ¿Cómo se siguen desarrollando los hechos? Durante los primeros días del estado de excepción, se capturaron a cerca de 3.000 supuestos pandilleros. Además, el presidente Bukele empezó a endurecer las medidas en las cárceles, en las que se encuentran unos 16.000 pandilleros. Entre las medidas están racionar las comidas para los pandilleros encarcelados, reducir sus salidas a los patios y se les han quitado los colchones en las celdas. Igual, cabe destacar que distintas investigaciones, se ha encontrado que hay miembros de estas bandas que tienen privilegios como celulares y celdas mejor acondicionadas.
4.- ¿Qué reacciones se han generado? El secretario general de la ONU, Antonio Guterres ha declarado que espera que las medidas tomadas estén de acuerdo con los estándares y lineamientos internacionales en derechos humanos.
La comisión interamericana de derechos humanos (CIDH) ha hecho un llamado a las autoridades de El Salvador para revertir cualquier medida que ponga en riesgo la integridad de las personas bajo custodia o encarceladas.
Amnestía Internacional y Human Rights Watch expresaron la misma preocupación.
En respuesta a esto, Bukele ha acusado a la CIDH y las otras organizaciones de derechos humanos de estar del lado de los criminales y los invitó a “que vengan y se los lleven [a los criminales]”.
5.- ¿Qué ha causado el repunte de violencia? Nayib Bukele y su gabinete habían atribuido la reducción de la violencia a su Plan de Control Territorial. Dicho plan recibió sus críticas por no ser muy diferente a los otros aplicados por gobiernos anteriores. Incluso, hubo analistas que vincularon la disminución de la violencia a factores externos. Tanto así, que algunos medios de comunicación declararon que hubo un pacto entre el gobierno y los líderes de las pandillas, dándoles beneficios dentro de las prisiones, entre otras cosas.
Hasta el momento, el mismo medio El Faro, estableció que el incremento de la violencia es resultado de negociaciones fallidas entre las pandillas y el gobierno salvadoreño. En el país existen cerca de 70.000 pandilleros que se disputan el control de territorios, operaciones de drogas y de extorsión.
