El traumatólogo Juan Barriga fue el primer médico que presentó su renuncia en el hospital Pablo Arturo Suárez.
Después de 30 años de labor en ese lugar, el especialista dejará su trabajo motivado, según comentó, por la decisión del Ejecutivo de mantener en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el artículo 146 sobre el homicidio culposo por mala práctica médica profesional.
En ese apartado dice que el profesional que ocasione la muerte de otra persona será sancionado con cárcel de uno a tres años. La pena será hasta de cinco años, si esta se produce por acciones «innecesarias, peligrosas e ilegítimas».
«Me siento defraudado. Después de las reuniones que tuvimos con los ministros de la Política, de Salud, Coordinación de Desarrollo Social, los profesionales de la salud y médicos habíamos llegado a un acuerdo. Pasó a la Asamblea, pero no era así como lo habíamos planteado inicialmente. Me parece una falta de seriedad, de respeto. Yo no quiero seguir trabajando en una institución pública en la que podría ser encarcelado hasta cinco años, (…) no quiero estar ni un día en la cárcel, prefiero estar con mi familia», expuso Barriga, quien se desempeñaba como jefe del servicio de traumatología y ortopedia.
Pasado el mediodía de ayer, otros 90 galenos presentaron sus renuncias ante la gerencia del hospital, según confirmó Patricio Guerrero, jefe de anestesiología de la casa de salud.
Guerrero no descarta que estos continúen su trabajo en clínicas privadas. «En el servicio público no hay los recursos, hay demasiadas falencias y desabastecimiento de insumos, los médicos nos hemos acomodado a las condiciones para evitar alterar la atención médica».
El cirujano Diego Andrade, que también dimitió, dijo: «Prefiero salir y no ser cómplice de la muerte de la gente».
El Colegio de Médicos de Pichincha tenía previsto reunirse anoche para analizar acciones en otros hospitales.
