El Senado en México aprobó una controvertida y extensa reforma al sector energético del país, que hasta ahora ha permanecido firmemente controlado por el Estado.
La reforma, que fue aprobada por 95 votos a favor y 28 en contra, mantendrá el crudo en manos del Estado pero, lo más crucial, permitirá la interevención de compañías energéticas privadas y extranjeras.
El gobierno afirma que la reforma es clave para apuntalar la estancada producción de hidrocarburos y dar un nuevo impulso a la segunda mayor economía de América Latina y décima productora mundial de crudo. Pero quienes se oponen acusan al gobierno de renunciar a la soberanía de los recursos naturales del país.
La producción de la gigante estatal Pemex ha caído en un 25% desde el 2004. La histórica y polémica reforma es la mayor revisión que se ha hecho al sector energético desde que éste fue nacionalizado en 1938. Y es una de las piezas claves del programa económico del presidente Enrique Peña Nieto.
Con ella el gobierno intenta impulsar la estancada producción de crudo del monopolio estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que ha caído en un 25 por ciento desde su récord de 3.4 millones de barriles por día en el 2004.
El plan permitirá que inversores privados lleven a cabo la exploración y extracción de crudo e hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, con modalidades que van desde contratos de servicios, de utilidad o producción compartida. Pero el proyecto subraya que México seguirá siendo propietario de los hidrocarburos.
Los que se oponene, sin embargo, afirman que la aprobación de la reforma es «una traición a la patria» ya que dicen, entregará la riqueza de los mexicanos a las empresas privadas y trasnacionales.
Foto: El pasado 8 de septiembre, miles marcharon en contra de la privatización de Pemex/ Xinhua / Alejandro Ayala
