Con 96 votos la Asamblea Nacional se allanó a la objeción parcial a la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta ley tiene como objetivo profundizar la transparencia en los procesos de contratación, incluir a los actores de la economía popular y solidaria, y generar beneficios al conjunto de la sociedad.
Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, sostuvo que las observaciones ayudan a estructurar de mejor manera el texto del proyecto por lo que solicitó al Pleno el allanamiento.
Este sería uno de los cinco temas prioritarios que Calderón había establecido que requerían urgente atención.
Recordemos que entre los cinco puntos se encontraban los temas de: La Concordia, la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Registro Civil, Ley de Galápagos, y Contratación Pública.
Según informó la página oficial de la Asamblea Nacional, esta ley viabiliza la norma constitucional que determina que «las compras públicas cumplirán criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria y de las micro, peñas y medianas unidades productivas».
Además de esto se crea el Servicio de Contratación Pública (SERCOP) reemplazando a lo que antes se conocía como el INCOP.
Otro de los objetivos es priorizar la producción nacional, en este caso se preferirá al oferente de bienes, obras o servicios que incorpore mayor componente de origen ecuatoriano o a los actores de la economía popular y solidaria y micro, pequeñas y medianas empresas, mediante la aplicación de mecanismos como márgenes de preferencia proporcionales sobre las ofertas de otros proveedores, reserva de mercado, subcontratación preferente, entre otros.
