Creo firmemente que cuando una persona o institución es atacada no solo de manera injustificada si no con alevosía y ventaja aprovechando o habiendo abusado de su buena fe, esta tiene no solo el derecho, si no el deber de buscar una reparación a tal ofensa. No importa cuánto tome, quien sea el agresor, cuanto cueste o cuánto tiempo pase, es cuestión de principios poner «los puntos sobre las íes» y buscar que se haga justicia, sobre todo si nuestra posición en la vida está basada «en los principios» y de ellos hacemos gala frente a propios y extraños.
Ya nos hemos rasgado las vestiduras, clamado ante los cielos que nuestra dignidad no puede ser atropellada, amenazado con cerrar la Embajada de Bolivia en los países que tomaron parte en este crimen (sí, es un crimen a nivel de Derecho Internacional) , ya el pueblo estuvo en las calles, se quemaron las usuales banderas, volvimos a gritar que no permitiremos que nos ofendan, llamamos a mantener la solidaridad para con el pueblo boliviano, el Movimiento de Países No Alineados manifestó solidaridad con Evo Morales tras la «agresión que sufrió» y la OEA a petición de «Argentina, Ecuador y Venezuela, alzaron la voz» por lo cual su secretario general, José Miguel Insulza, señaló que «los países involucrados deben dar una explicación».
Y los países involucrados han dicho que «darán disculpando», que no sabían, que había mal tiempo, que fue una confusión, que aquí lo puse y no lo encuentro. (Y no lo encontraron después de violar el territorio soberano de Bolivia «para tomar un café»)
De allí que después de leer con avidez las reacciones de solidaridad con el Presidente Evo Morales por parte de algunos de los Presidentes de nuestra altiva, digna y ahora «no temerosa del Imperio» América Latina, me he quedado sin habla al constatar que , como es usual, «aquí no ha pasado nada».
Distinguidos lectores, me pregunto estupefacta si de verdad nos vamos a conformar con una explicación y una disculpa. ¿Cómo alguien puede aceptar una disculpa –viniere de quien viniese- como «perdón y olvido» al cometimiento de un delito? Se bombardean escuelas y hospitales matando civiles inocentes y después se le dice al mundo «Disculpen, creíamos que eran reductos terroristas» Si la consigna del país es «prohibido olvidar», creo que es tiempo de que lo demostremos con hechos, ya que estos son amores y no buenas razones.
No más disculpas y llamaditas telefónicas. El uso de la Ley en la mano que debe aplicarse, según los instrumentos internacionales que cito a continuación «con la mayor severidad posible».
Pienso entonces que a propósito de la visita del presidente Evo Morales a Ecuador, el país tiene que demostrarle que es un país donde la ley impera, donde está prohibido olvidar, donde nuestro Presidente ha declarado con toda firmeza «que él nunca va a traicionar sus principios».
Entonces, debemos hacer lo correcto, debemos recibir al presidente Morales no con un coctel de desagravio ni con una marcha masiva de ciudadanos indignados y ofendidos. Debemos recibirlo con una demanda ante la Corte Internacional Penal firmada por todos las autoridades legales que representan a la Latinoamérica que ya no teme al «Imperio» al tenor de los que disponen las dos convenciones internacionales que paso a mencionar, de las que son parte, además, ofensores y ofendidos.
Más aun, estas Convenciones Internacionales son obligatorias pues conforman el grupo de los 16 Instrumentos Internacionales para combatir el terrorismo. Ambas reclaman castigos severos y la inmediata entrega o juzgamiento de quienes rompieran sus disposiciones bajo el principio universal «autdedereadjudicarem» (Entregar o Juzgar) y como la última moda es ahora el contra-terrorismo, no entiendo cómo es que los ofendidos no se han dado cuenta de que han sido víctimas de un ataque terrorista.
La Convención Internacional para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil («Convenio de Montreal»), 1971, expresa con toda claridad que «comete un delito toda persona que ilícita e intencionalmente: perpetre un acto de violencia contra una persona a bordo de una aeronave en vuelo, si ese acto pudiera poner en peligro la seguridad de la aeronave»…. Exige la penalización de atentados contra aeronaves «en servicio», lo cual se define como «desde que el personal de tierra o la tripulación comienza las operaciones previas a un determinado vuelo hasta veinticuatro horas después de cualquier aterrizaje y demanda que las partes en el convenio castiguen estos delitos con «penas severas»; exigiendo que las partes que hayan detenido a los infractores extraditen al infractor o lo hagan comparecer ante la justicia.
Más importante aún:
La Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, (1973) – la misma que define a la «persona internacionalmente protegida» como un Jefe de Estado, Ministro de Relaciones Exteriores, representante o funcionario de un Estado o una organización internacional que tenga derecho a protección especial en un Estado extranjero y sus familiares, exige a las partes que tipifique como delito «la comisión de un homicidio, secuestro u otro atentado contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida, la comisión de un atentado violento contra los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de tal persona; la amenaza de cometer tal atentado»; y de todo acto que «constituya participación en calidad de cómplice» y los castiguen «con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su carácter grave».
Las preguntas de los varios millones de dólares (los que, a propósito solo se imprimen en los Estados Unidos de Norteamérica pero siguen siendo la moneda nacional después de varios años de gobierno soberano y no temeroso del Imperio) son las siguientes:
¿Va Ecuador, que se ha erigido en el máximo defensor de los derechos humanos a nivel internacional, a patrocinar esta demanda conjuntamente con Bolivia?
¿Van los países indignados que han solicitado disculpas internacionales llevar a los que cometieron los delitos mencionados ante la Corte Internacionalde Justicia acusándolos de terroristas? ¿O somos muy vulnerables para ello? ¿O podría, Dios no quiera, sonar un teléfono desde «allende los mares»?
¿Será que la lucha por la transparencia de la justicia es solo casa adentro y, al fin y al cabo nuestra dignidad y principios sí que tienen límites y fronteras y sí que pueden negociarse o claudicarse?
¿Será, como dice la canción de Calle 13 que sí, «Somos Latinoamérica, pero también somos un «discurso político sin saliva?»
Serán los Presidentes de nuestros países soberanos y autónomos, los que ya no obedecen órdenes del Imperio ni por teléfono, ni por cable, ni por internet ni por twitter, los que tengan la última palabra.
«Que será, será, el tiempo te lo dirá, solo Dios sabrá, lo que será…» cantaba en mi juventud Doris Day.
Dra. Miriam Estrada-Castillo, Profesora de Derecho Internacional Criminal y Derechos Humanos, Suecia a 8 de Julio 2013
