Por: Raúl Vallejo, embajador de Ecuador en Colombia
Los propietarios de los medios han tenido la habilidad ideológica de identificar a su negocio con la libertad de expresión, utilizando para sus fines políticos encubiertos a la mayoría de periodistas que de buena fe trabajan profesionalmente en tales medios; sin embargo, cada vez resulta más claro que el negocio de los medios de comunicación en el planeta es un instrumento del capital para la penetración y dominación cultural e ideológica de nuestros pueblos. En Latinoamérica, la Sociedad Interamericana de Prensa es el cartel de propietarios que actúa concertadamente para promover y defender tanto los intereses del capital como los de su propio negocio.
Atacar al Gobierno ecuatoriano de la Revolución Ciudadana se ha convertido en una consigna concertada por el emporio mediático. Para ello, bastan dos o tres consignas aparentemente liberales, una manipulación desvergonzada de los hechos, interpretaciones antojadizas que no dan cuenta de los textos sino de los prejuicios, y calificativos de todo calibre destinados a socavar la legitimidad democrática del Presidente de Ecuador. Dado que los representantes locales del sistema corporativo al servicio del capital financiero transnacional han perdido poder político en Ecuador, la estrategia se ha volcado a presionar desde afuera a través de sus instrumentos ideológicos, en típica actitud neocolonial y pretender gobernar la voluntad popular del país con instrumentos, de apariencia neutra, manejados por burócratas internacionales y carteles de propietarios que responden a los intereses del capital.
La campaña de El Espectador y otros de Andiarios
En las coyunturas recientes, el abordaje de temas referidos a Ecuador por parte de algunos de los mayores medios de comunicación colombianos adolece de falta de veracidad y equilibrio, y ha cultivado sentimientos de animadversión contra el Gobierno y contra el país en general, por la vía de la estigmatización. Estos medios han compuesto sus agendas informativas casi exclusivamente con representaciones negativas del Gobierno, de la realidad que vive el país y de la sociedad en su conjunto, incluso falseando la realidad y negándose a rectificar.
En una columna de El Espectador («Correa», por Andrés Hoyos, 17 de junio) nuestra sociedad fue descrita como «inmadura» y «averiada», que «debe refugiarse en un remedo autoritario». El señor Hoyos citó el período 1985-2005 como un lapso en el que hubo diez presidentes. La periodización utilizada revela ignorancia sobre la realidad del país o mala fe, pues los períodos presidenciales 1984-1988, 1988-1992 y 1992-1996 se cumplieron según la Constitución.
Ciertamente, Ecuador tuvo un período de inestabilidad política entre 1997 y 2005, pero el señor Hoyos olvida que aquella crisis fue, entre otros motivos, producto de las contradicciones entre grupos regionales del capital financiero, una guerra mediática entre los medios que representaban a tales grupos, y una representación partidaria comprometida directamente con tales intereses económicos antes que con un programa político ciudadano. Todo lo cual, dicho sea de paso, nos llevó a la pérdida de la moneda nacional. Hoyos, que en su columna admite que es difícil entender al Ecuador, sigue sin entender a la sociedad ecuatoriana sencillamente porque no investiga la historia, no estudia la política y lo que escribe lo hace desde el prejuicio y la superficialidad.
En esa agenda mediática sesgada hay un capítulo que ha tenido especial fuerza: el tratamiento de la promulgación de la nueva Ley de Comunicación de Ecuador. Al respecto, el pasado 14 de junio se produjo un evento altamente significativo: los diarios colombianos agrupados en Andiarios, a pedido de sus colegas ecuatorianos, decidieron inmiscuirse descaradamente en la política interna del Ecuador y publicar conjuntamente un editorial contra la promulgación de la ley, con el sesgo claro de atacar el acto legislativo que recién iba a producirse ese día. Una publicación de esta naturaleza, con el impulso de Andiarios, no se había producido ni siquiera frente a grandes problemas y decisiones de la propia Colombia.
En diario El Espectador, el editorial fue anunciado con una fotografía a gran tamaño, en portada, que algunos lectores descubrieron que fue manipulada. La gráfica mostraba a un manifestante con la boca tapada, con el título «Contra la mordaza» y un pie de foto que decía: «En el gobierno de Rafael Correa ha sido común que los ciudadanos protesten por las denuncias (…) contra varios medios». En realidad, tal como se descubrió, la fotografía correspondía a una manifestación contra un gobierno anterior, desarrollada por Pedro Restrepo, quien lleva adelante una lucha de décadas por esclarecer la desaparición de sus hijos.
Ante la avalancha de críticas en las redes sociales, al día siguiente El Espectador publicó una «aclaración», ya no en la portada en gran tamaño sino en un espacio reducido en una página interior. La «aclaración» admitía, efectivamente, que la foto correspondía a una protesta contra un gobierno anterior, pero no aceptó explícitamente la manipulación de la imagen, y, lo que es peor, nunca ofreció las disculpas del caso tanto a los lectores por la falsedad informativa como a Pedro Restrepo por la utilización de su imagen para fines claramente políticos. Esa portada es una muestra antológica de la soberbia que caracteriza a los medios mercantiles cuando se ven agarrados en falta.
Como contexto, es importante conocer que El Espectador es un diario adquirido en 1997 por el Grupo Bavaria, uno de los principales conglomerados económicos de Colombia, de propiedad de la familia Santo Domingo. Julio Mario Santo Domingo, fallecido en 2011, fue en vida uno de los hombres más ricos de Colombia y el mundo (108 en la clasificación mundial, en 2011, según Forbes). El Espectador es el segundo diario con mayor circulación.
En general, las fuentes seleccionadas por los medios colombianos para informar sobre el tema de la Ley de Comunicación de Ecuador constituyen una argumentación tautológica. Esas fuentes han sido políticos de oposición, activistas enfrentados al Gobierno, organizaciones internacionales conservadoras como Human Rights Watch y la propia SIP, cuya palabra es considerada sin más como verdad irrefutable. Los argumentos de funcionarios de gobierno, organizaciones y ciudadanos independientes favorables a la nueva Ley prácticamente desaparecieron. Se repitió una y otra vez que en Ecuador se estaba poniendo una «mordaza» a los medios, sin fundamentar la aseveración. Es decir, no se abrió un espacio de debate ni se contrastó la información, sino que se repitieron consignas.
A tal punto llegó la ferocidad y el irrespeto que diario El Tiempo llamó «bestia negra» al presidente Rafael Correa (editorial, 15 de junio). Cabe recordar que ese mismo medio de comunicación ya había llamado «Atila» al Mandatario, el año pasado. El Tiempo es un diario recientemente comprado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, una de las personas más ricas de Colombia y del mundo (64 en la clasificación mundial, en 2012, según Forbes), con intereses en la banca, la agroindustria y la construcción, entre otros sectores. El director de El Tiempo es Roberto Pombo, vicepresidente de la Comisión de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa. Es decir que los medios se citan entre ellos repitiendo los mismos argumentos como si proviniesen de fuentes diversas y no fuesen resultado de un concierto para difamar. El Tiempo es el diario de mayor circulación en Colombia.
Siguiendo la misma práctica de insultar, el 18 de junio, en el programa La Hora de la Verdad, de Radio Red, durante una entrevista telefónica con Jaime Mantilla —dueño del diario ecuatoriano Hoy y presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa—, el conductor del espacio, Fernando Londoño —un político de derecha que funge de periodista independiente—, calificó al presidente Correa de «dictador» y «fascista puro» y dijo que el régimen nazi y el régimen de Rafael Correa son «hijos de la misma madre». Fernando Londoño fue ministro del Interior y de Justicia de álvaro Uribe, y es considerado unos de los halcones del ex presidente.
Además, en el tratamiento del tema de la Ley de Comunicación por parte de medios colombianos no solamente se evidenció sesgo, manipulación, mentiras, si no también desconocimiento de la realidad tratada, incluso a nivel elemental. En una columna de El Espectador (Luis Carlos Vélez, 17 de junio) se señaló que la Ley de Comunicación de Ecuador regula los blogs y los mensajes de Twitter, lo cual en realidad está expresamente excluido (artículo 4); y se dijo que la normativa establecía multas «millonarias», a pesar de que lo cierto es que las multas contempladas son proporcionales y en ningún caso llegan a millones. Además se confundieron las atribuciones del Consejo de Regulación. Todo indica que el columnista no había leído la Ley antes de criticarla, es decir que oyó cantar al gallo pero no sabía por dónde.
Problemas elementales similares se evidenciaron en el propio editorial de Andiarios del 14 de febrero, en el cual la Asamblea Nacional de Ecuador fue rebautizada como «Asamblea General de Diputados» [sic].
Y para cerrar el mes, El Espectador volvió a caer en la tautología. En su edición online del 30 de junio, repite la posición de Semana, del día 28, sobre el cierre de Vanguardia en el titular «Ley de Comunicación de Ecuador empieza a cobrarse víctimas». Menciona un editorial político de Vanguardia y omite todos los problemas laborales y la baja circulación que tiene la empresa, que son las verdaderas razones por las que cierra. Cita a un funcionario de la SIP —es decir, otra vez la fuente es su propio cartel—, el uruguayo Claudio Paolillo y Semana comparte sin contrapeso, al utilizarla como si fuese una verdad irrebatible en la introducción del artículo, una acusación descabellada de Paolillo: «El régimen de Correa hace con la libertad de expresión en Ecuador lo mismo que hacían las dictaduras sudamericanas de los años 70 y 80».
Paolillo, que es un discípulo aplicado de Danilo Arbilla, quien fuera presidente de la SIP y director de prensa de la dictadura militar de Bordaberry en Uruguay, parece haber olvidado el apoyo de muchos de los diarios del cartel de la SIP a la represión de las dictaduras durante los golpes militares de los 70 y los 80. El artículo cita a la relatora especial para la libertad de expresión de la CIDH, conocida por su actitud hostil contra el gobierno del Ecuador, quien se quedó callada cuando uno de los suyos, Vargas Llosa, denunció la censura descarada de El Comercio, de Lima, a quienes no coincidían con el apoyo político del diario peruano a la candidatura de la hija de Fujimori durante las últimas elecciones de dicho país.
La campaña de Semana viene de tiempo atrás
Esta campaña contra Ecuador no es nueva, sino que tiene largo tiempo. De vez en cuando, algún medio publica que la infraestructura de comunicaciones está transformada, la economía crece a un ritmo acelerado, la pobreza se reduce, existe estabilidad política en Ecuador. Sin embargo, esa publicación se hace usualmente en un contexto negativo, remarcando «peros» que eclipsan esas credenciales, puestos como realidades irrebatibles nunca sujetas a réplica: para los medios mercantiles son logros de un régimen dictatorial o cercano a lo dictatorial, es una realidad sostenida solamente por los altos precios del petróleo, en la que abunda el clientelismo. Populismo es un lugar común utilizado para intentar definir las transformaciones positivas de nuestro país. No se reconoce que en Ecuador existe un Estado de derecho, que el petróleo tiene cada vez menos peso en nuestra economía, que existe en manejo técnico del Estado, una política exterior soberana, y sobre todo una consecuencia ética entre los principios que se proclaman y la práctica política que de ellos se deriva.
El Semana es uno de los casos más claros de sesgo contra Ecuador. Esta, la principal revista de Colombia en cuanto a circulación, cabeza de un conglomerado de diecisiete marcas editoriales, nunca ha publicado información positiva ni equilibrada sobre nuestro país, y algunas de sus prácticas periodísticas son bastante cuestionables. En 2011, la Embajada recibió, junto con la visita de su director Alejandro Santos, una oferta de Semana para publicar un suplemento que recogiera información sobre temas turísticos y productivos, entre otros que el Gobierno ecuatoriano considerara pertinentes. Ofrecieron representaciones positivas «creíbles periodísticamente», a cambio de que financiemos el proyecto, de aproximadamente 1,4 millones de dólares. El suplemento no se hizo y desde entonces Semana solo ha publicado representaciones negativas sobre Ecuador, basadas en mentiras y opiniones prejuiciadas. Es decir que, como práctica de la prensa mercantil, de nuestro país solo se pueden decir cosas buenas «creíbles periodísticamente» a cambio de dinero.
En marzo pasado, Semana llegó a publicar que Ecuador tiene una de las gasolinas más caras de Latinoamérica, a un precio de US$2 por litro, cuando en realidad cualquier persona mínimamente informada sobre nuestro país sabe que el litro de combustible en Ecuador cuesta entre US$0,38 y US$0,53. Por ser Ecuador uno de los destinos turísticos preferidos de los colombianos, gran parte de los cuales viajan a nuestro país en vehículo particular, esa información falsa tiene una afectación negativa concreta sobre una actividad económica sensible. El 8 de marzo, la Embajada de Ecuador le pidió a Semana la rectificación de la información, pero solo obtuvo como respuesta un silencio absoluto. En total, en lo que va de 2013 se han enviado cuatro aclaraciones a la edición impresa de Semana. En 2012, se enviaron otras cuatro y cinco en 2011. Como la prensa mercantil, que sigue consignas previamente acordadas según los intereses que defiende no admite contradictor alguna, ninguno de estos pedidos de aclaración fue publicado.
En otro reportaje, en esta ocasión en su versión en línea, en diciembre de 2012, Semana publicó que el «Cartel de Sinaloa manda en Ecuador», haciendo aparecer, desde el título, que en nuestro país no existen autoridades ni Gobierno, sino que es una guarida de narcotraficantes. Es cierto que el narcotráfico ha afectado en alguna medida a Ecuador, como afecta a tantos países del mundo, pero las propias Naciones Unidas reportan que en territorio ecuatoriano prácticamente no existen cultivos ilícitos, ni laboratorios, aunque sí existe transporte e intermediación. Dicho tráfico es fuertemente combatido por parte de las autoridades. Por lo menos, en este caso el editor on-line de Semana accedió a publicar una carta de aclaración de la Embajada, lo que nunca han hecho los editores de la versión impresa.
En la línea diseñada de este cartel de propietarios de atacar por todo los medios a la Ley de Comunicación, revista Semana publicó, el 28 de junio, a través de su portal de internet que «A sólo tres días de la promulgación de la 'Ley Mordaza' el semanario Vanguardia abandona su tarea», tratando de ligar dos eventos que no tienen relación entre sí. Como señalamos en párrafos anteriores, esta misma postura fue asumida por El Espectador días más tarde. Los graves problemas financieros y laborales junto a la baja circulación de Vanguardia tampoco fueron mencionados por Semana.
Recientemente, la edición web de Semana volvió a arremeter, con la publicación de una nota en la que acusa al Gobierno Nacional de espiar a sus propios ciudadanos, sobre la base de la misma información falsa e interpretaciones antojadizas de una página electrónica llamada Buzzfeed. Ningún medio de los que se hicieron eco de aquella manipulación grosera de documentos ha podido probar que el gobierno del Ecuador haya «espiado» telefónicamente a algún político opositor. Existe en el país, eso sí, un reglamento publicado en el Registro Oficial (y, por tanto, de libre acceso a la ciudadanía) donde se reglamenta las escuchas telefónicas para fines de investigación criminal, previamente autorizadas por un juez, con seguimiento de la Fiscalía, y con severas penas para quien las utilice para otros fines. Lo curioso es que, en Ecuador, la Policía Judicial no cuenta con los equipos sofisticados necesarios para cierto tipo de investigación y, en estos casos, es común la cooperación con policías de otros países, incluido Colombia. El presidente Correa respondió que cualquier medio que dé cabida a la acusación debería comprobarla o rectificarla. El portal web de Semana no ha hecho ninguna de las dos cosas.
A manera de colofón
Con todo lo dicho se evidencia la política de la prensa colombiana, en contra del gobierno de Ecuador, en las coyunturas políticas recientes. Acciones concertadas para atacar a un tercero, mentiras, sesgos, insultos, venta de credibilidad periodística, todo esto en contra de un solo país. En esos medios jamás se ha realizado un análisis equilibrado de la Ley de Comunicación y se ha obedecido sobre todo a una consigna general: cualquier Ley que regule el negocio mediático es mala en sí misma, sencillamente, porque con ella se regula la representación ideológica, propagandística y de penetración cultural más poderosa que tiene el capital en el mundo.
¿Dónde quedan la autorregulación, la veracidad, la contrastación, el equilibrio, la honestidad intelectual, bases sobre las que se desarrolla el periodismo serio y responsable? Aquí hay un concierto para distorsionar un acto legislativo legítimo del Ecuador que responde, no solo a un mandato Constitucional sino también a un mandato popular instituido mediante referéndum. Aquí se demuestra que algunos medios colombianos no aplican esos principios, al menos cuando se refieren a Ecuador. Justamente por la no aplicación de tan elementales normas, por la manipulación grotesca de la información, fue tan necesario que en nuestro país se dicte una nueva Ley de Comunicación.
La prensa mercantil se ha definido a sí misma como «perro guardián de la democracia», no obstante difícilmente informa a la ciudadanía acerca de la conformación de su paquete accionario, de los otros negocios vinculados a sus dueños, de la ideología que profesa respecto de la economía, la política y la sociedad en su conjunto. La prensa mercantil pretende erigirse a sí misma y desde sí misma como un «contrapoder» cuando, en realidad, es el poder mediático que expresa ideológicamente el poder político del capital en su conjunto. El poder mediático está acostumbrado a que los políticos lo adulen y cuando se topan con un gobierno, como el ecuatoriano, que con dignidad y consecuencia de principios confronta sus intereses, entonces, deciden atacarlo en patota. Su estratagema para la manipulación política disfrazada de objetividad periodística, nuevamente, ha quedado al descubierto.
