El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil legalizó hoy de hecho el matrimonio entre homosexuales, al que se oponen diversas iglesias y grupos políticos conservadores que aún pudieran contestar esa decisión ante el Tribunal Supremo.
En Brasil sólo se contemplaba hasta ahora la figura de la «unión estable» de personas del mismo sexo, que en términos de derechos es equivalente a un casamiento, aunque sus miembros son considerados «solteros» y como tales tienen limitaciones en cuanto a herencias y otras garantías reservadas a los matrimonios heterosexuales.
La decisión del CNJ, adoptada por catorce votos contra uno, dice que, a partir de la publicación de esta resolución, los registros civiles quedarán «obligados» a convertir una unión estable en un casamiento si así es solicitado, y que no podrán negarse a casar a parejas de homosexuales.
«En la práctica, supone legalizar el casamiento entre personas del mismo sexo», dijeron a Efe fuentes del Tribunal Supremo.
Explicaron que «a diferencia de Uruguay y otros países que han permitido el casamiento entre homosexuales mediante una ley, en Brasil ocurre por una acción del Poder Judicial, ante el silencio del legislador» sobre el tema.
Aludieron así a la presión de iglesias y grupos conservadores con representantes en las Cámaras, que han bloqueado iniciativas en ese sentido y presentado proyectos de ley, aún en trámite, que apuntan a «revertir» y «curar» la homosexualidad mediante polémicas terapias sicológicas.
La «unión estable» fue consagrada en mayo de 2011 por el Tribunal Supremo, que la igualó en derechos al matrimonio, justamente por la falta de legislación al respecto.
Según el CNJ, aunque el Congreso no se ha pronunciado, se debían «armonizar» y «reglamentar» las resoluciones que existen sobre el asunto, con base en principios constitucionales que rechazan todo tipo de prejuicios e «igualan» a todos los ciudadanos ante la ley, independientemente de su sexo.
El magistrado Joaquim Barbosa, en su condición de presidente del Supremo y del CNJ, consideró que «no tendría sentido esperar a que el Congreso legisle para darle efectividad a una decisión judicial».
Según Barbosa, en su fallo de 2011 el Supremo estableció de una manera «muy clara que la expresión de la sexualidad y del afecto homosexual no puede servir de fundamento para un tratamiento discriminatorio, que no encuentra apoyo en la Constitución».
El CNJ, que supervisa y regula la actuación de la justicia del país, explicó en su decisión que, si algún registro civil se niega a partir de ahora a celebrar un casamiento «gay», podrá ser denunciado ante ese organismo, que «tomará las medidas punitivas respectivas».
Las fuentes consultadas por Efe dijeron que esta decisión del CNJ también pudiera ser contestada ante el Supremo, aunque recordaron que cuando la corte igualó la «unión estable» al casamiento lo hizo mediante una decisión unánime de sus once miembros.
Según datos oficiales, desde esa decisión del Supremo de mayo de 2011, en trece de los 27 estados del país fueron registradas 1.277 uniones estables de homosexuales, pero la falta de legislación al respecto llevaba a muchos jueces a negar incluso ese derecho.