A la CorteIDH no le molestaría reformarse

Entra exhausto al salón en el que durante todo el día los jueces han deliberado sobre casos de violaciones a los derechos humanos en países latinoamericanos. Saluda y el primer comentario deja entrever una queja por un error publicado en este Diario en la nota que hablaba de que la CIDH había avalado un intento de golpe de Estado en Venezuela. Aclara que el ente que él preside no tiene nada que ver con ese asunto, pues son dos cosas distintas la CIDH y la Corte-IDH.
Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy respetuoso en su reclamo, no podía ser diferente, su trayectoria como jurista, ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores de su país natal (Perú), funcionario de las Naciones Unidas o miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya y ahora presidente de la Corte-IDH no se lo permitiría.
Sabiendo que la mayoría de medios ecuatorianos e incluso algunos ex administradores de justicia locales confundieron al alto tribunal, con sede en San José de Costa Rica, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, le pedimos una aclaración técnica.
Ha habido confusión en medios locales e incluso entre ex administradores de justicia, quienes pensaron que la Corte-IDH era lo mismo que la CIDH. ¿Cuál es la diferencia entre ambas?
La Comisión es una cosa distinta a esta Corte. Ese es el lugar donde alguien que siente vulnerados sus derechos lleva su caso para que sea examinado, cuando termina el proceso en el que participaron el quejoso y el Estado, emite un informe y si considera que quien se quejó tiene algo de razón y el Estado no acoge las recomendaciones, la Comisión puede presentar el caso ante la Corte. La Corte no va a los países y hace apreciaciones de lo que fuera, libertad de expresión, el derecho de los presos, etc. La Corte solamente habla a través de las sentencias.
Sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, considera que debe ser cambiado. Afirma que debe ser más latinoamericano, con menos influencia de países como Estados Unidos y Canadá. ¿Cree que eso pueda ser posible?
El cambio siempre es bueno. Yo, sin embargo, no creo que el presidente Correa se refiera a la Corte. Tampoco creo que lo que ha dicho sea una herejía. Considero que iniciar este tipo de debates es bueno, motiva al cambio. Lo que sucede es que este es un sistema que ha tomado muchos años establecerlo, en el que están involucrados la mayoría de países latinoamericanos; por tanto, para que haya algún tipo de cambio es necesaria la participación de todos los países.
¿Pero, y la influencia de Estados Unidos, un país que no ha reconocido al sistema?
Estas son instituciones específicamente latinoamericanas. Es cierto lo que dice el presidente Correa que Latinoamérica no tiene similitudes culturales con Estados Unidos y Canadá, pero los derechos humanos son universales, son y deben ser los mismo en todas partes.
El problema que yo encuentro es que las contribuciones de los países miembros son insuficientes. Creo más bien que todos deben involucrarse y aportar más al sistema para hacerlo mucho más eficiente.
Por ejemplo, cada año son más los casos que la Corte-IDH tiene y el presupuesto no aumenta. En 2011 se trató el 45% más de casos y se emitió el doble en resoluciones que en 2010, pero hemos trabajado con el mismo presupuesto del año anterior. Uno de los cambios debe ir por ese lado, por el lado del presupuesto.
¿Entonces, usted no encuentra que los pedidos del presidente Correa sean descabellados?
No. Siempre es legítimo experimentar mejoras, pero hay que seguir el curso normal. Como decía antes, cambiar o reemplazar el actual sistema es muy difícil, porque todos los países involucrados deben participar en el debate. Construir lo que tenemos ha tomado mucho tiempo. No es un trabajo de la noche a la mañana. Un solo país no puede hacer los cambios.
Una queja en el país es que el sistema de justicia, en ocasiones trata con mucha celeridad casos de alto perfil y relega otros que afectan al común de la población. El Gobierno de Ecuador -en una situación similar- se quejó de la rapidez con que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trató el caso de diario El Universo, que seguramente usted conoce, mientras que otros de violaciones a los derechos humanos siguen en análisis. ¿Cree usted que el lobby de personas o instituciones poderosas influye también en los organismos internacionales gestores de justicia?
Aquí tenemos que separar el grano de la paja. Esta Corte trata los casos en el orden en que llegan. Y la meta ha sido reducir al menor tiempo el tratamiento de las demandas. El caso más antiguo que tenemos es precisamente el de los indígenas de Sarayacu, que viene desde 2010.
Con respecto a las decisiones de la CIDH, yo no puedo opinar. Ese es un organismo que se encarga de recopilar la información de los casos que llegan al sistema interamericano y los socializa con las partes, el demandante y el Estado, y luego de encontrar que amerita alguna recomendación al Estado, se la hace, aunque las decisiones de la CIDH no son vinculantes. Sin embargo, por el trabajo de ellos yo no puedo responder. En lo que a nuestra Corte se refiere, los casos más antiguos son de 2011 y la única excepción es el de Sarayacu.
Sobre el tema Sarayacu, esta comunidad, por un lado, requiere de recursos mínimos para su existencia, pero tiene una relación íntima con la naturaleza; por el otro, el Estado necesita de los recursos que hay en la zona para satisfacer necesidades de millones de personas. ¿Cómo la Corte-IDH analiza temas en los que están enfrentados modelos económicos?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene ideología. Tratamos de que nuestras decisiones sean lo más justas posibles. La Corte protege derechos fundamentales, como el de la propiedad privada, a la vida, a la educación, a la libertad de expresión, etc. Existe mucha legislación con respecto al tratamiento que debe darse a los pueblos nativos y aunque no puedo adelantar criterios, creo que encontraremos un punto de equilibrio para las partes.
Pero, ¿por algo es el caso más antiguo que tiene esta Corte?
Así es, no ha sido fácil, por ello hemos hecho algo sin precedentes, como es visitar a la misma comunidad en discusión. Todos los jueces que viajamos a Sarayacu creemos que fue una experiencia muy útil y que nos servirá para tomar una decisión.
Sabemos que es un caso difícil, pero tomaremos una decisión justa, en la medida de lo humanos que somos, sin pretender ser salidos del cielo o del infierno.
¿Qué casos nuevos de derechos humanos, que antes no se hayan visto o tratado, recibe ahora la Corte-IDH?
Antes la mayoría de casos estaba relacionada con asesinatos, tortura, encarcelamiento o desapariciones forzosas; ahora hay demandas por derechos que nunca nos hubiéramos imaginado como ciudadanos. Uno reciente que resolvió esta Corte está relacionado con el de una jueza lesbiana de Chile que consideró que estaba siendo discriminada en su trabajo por su orientación sexual.
Este tipo de derechos siempre han existido y no es que antes no se hayan violentado y que por eso no eran reclamados, sino que no existía la conciencia de que podíamos exigir el derecho a la propiedad privada, a la información pública, a la diversidad sexual o de la familia. Creo que existe una evolución en pleno desarrollo en lo que a derechos humanos se refiere.
¿Cómo analiza el caso de dos lesbianas que buscan inscribir a su hija en Ecuador con los apellidos de ambas?
No conozco los pormenores del caso, pero si la Constitución de Ecuador garantiza el bienestar de las familias diversas, las normas (secundarias) deben adecuarse a la Constitución para que no contradigan un derecho fundamental. Es deber del Estado evitar la confrontación de leyes.
¿De qué países reciben el mayor número de demandas?
Prefiero no hablar de estadísticas. A veces nos engañamos. La gravedad es más importante que el número.