En lo que va del año, ocho carros y una motocicleta de personas que se acogieron al plan «Bienvenido a Casa» han sido decomisados por parte de Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), en Cuenca.
Estos vehículos fueron detenidos debido a que los migrantes que los importaron desde Estados Unidos y España, con la exoneración arancelaria, los han destinado a otros usos o los cedieron a terceras personas.
De ellos, cuatro entrarán al proceso de subasta que realizará la entidad aduanera el próximo mes. Se estima que se rematarán al menos 40 lotes de automotores.
En 2012 hubo más de 2.000 casos de menaje de casa que llegaron al país, de los cuales en 1.200 se importaron vehículos a nivel nacional.
En Azuay, desde que se inició el Plan «Bienvenido a Casa» de la Secretaría Nacional del Migrante (Senami) han sido retenidos alrededor de 40 vehículos que ingresaron con exoneración.
Actualmente 36 casos de menajes que datan de 2008 están siendo analizados en la Fiscalía. Once de ellos recibieron una resolución final a favor de la Aduana y según Boris Coéllar, director distrital de esa institución, otros se encuentran en una etapa procesal o de casación.
Así también existen al menos 150 expedientes por esta misma situación que están siendo revisados. «Aún no tienen una derivación para ver si existe un perjuicio al Estado», indicó.
De acuerdo con uno de los literales del artículo 178 del Código Orgánico de la Producción de Comercio e Inversiones, cuando una persona vende, transfiere o usa indebidamente mercancías importadas al amparo de regímenes especiales sin la debida autorización, comete defraudación aduanera. En este caso, la multa por esta contravención es 10 veces el valor de los tributos que se pretendió evadir.
En la Fiscalía muchos de estos casos han sido objeto de un recurso de apelación ante la Función Judicial y según Coéllar recurren a esto debido a que las multas que se les ha impuesto van desde los $58 mil hasta los $200 mil.
En el caso de las terceras personas que se benefician de un bien importado sin cumplir los requisitos, la sanción es pecuniaria y alcanza una multa de dos veces el valor en aduana de las mercancías. «Además la receptación aduanera es considerada como presunto delito», explicó Coéllar. El último caso de vehículo aprehendido en la provincia fue el de uno conducido por un alcalde del Azuay.
