En el auditorio principal de la Universidad Espíritu Santo UEES, de la ciudad de Guayaquil, se llevó a cabo un debate académico-legal sobre las implicaciones prácticas y normativas de la petición de información que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado ecuatoriano, tras la comparecencia de varios actores el pasado 25 de octubre a su seno, para analizar los derechos relacionados con la libertad de expresión, haciendo énfasis en el caso de diario El Universo.
Los ponentes, León Roldós, -pese a que no fue presentado como tal- es abogado del ex editorialista de diario El Universo, Emilio Palacio, fue candidato presidencial y es un político de oposición; Rommel Jurado, abogado, catedrático y asesor ocasional de la Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional; y Francisco Jiménez, ex gobernador del Guayas y catedrático, debatieron el papel de la CIDH en el marco ecuatoriano, cuando se discute precisamente la libertad de expresión y las relaciones legales nacionales e internacionales en torno –principalmente- a un caso, el del diario guayaquileño, sentenciado por la justicia ecuatoriana, tras comprobarse el delito de injuria calumniosa contra el Presidente de la República, Rafael Correa, cuando en febrero de este año, publicó una nota de opinión en la cual se acusaba al Mandatario de haber ordenado disparar contra un hospital lleno de civiles, el 30 de septiembre de 2010.
Romel Jurado, explicó que se necesita que se cumpla ciertos requisitos para considerar que existe un caso dentro de la Comisión que implica el agotamiento de la vía interna en el sistema jurídico nacional, un proceso de admisibilidad, aprobación y recomendaciones acordes al caso.
En el caso de que esas recomendaciones no fueran admitidas, solo entonces el caso es llevado a Corte. “Un caso empieza luego de un largo proceso de entre cinco y ocho años”, explicó el catedrático en relación al caso El Universo.
De igual forma explicó que tampoco existe un caso por la situación de la libertad de expresión, ya que se trató de un llamamiento de la CIDH para analizar esta situación donde el Estado acudió en calidad de invitado a explicar su respuesta.
La CIDH envió al Estado una serie de preguntas a ser respondidas puntualmente por el caso del diario guayaquileño, mismas que no tienen una consecuencia jurídica vinculante, en caso de no ser absueltas. “Se trata de un caso concreto que aun está en litigio dentro del Sistema Judicial ecuatoriano que todavía no ha concluido”, acotó, aclarando que una contestación en este sentido sería válida en términos jurídicos.
“Emilio Palacio se equivocó”, dijo por su parte Jiménez, y puntualizó que el medio también lo hizo al mantenerlo al periodista haciendo ese papel distorsionador de su profesión. Sin embargo, cuestionó los tiempos de la sentencia emitida por el juez Paredes y el resultado mismo de la cuestión legal que determinó prisión para el editorialista Emilio Palacio (hoy residente en Miami) y para los accionistas del diario; no obstante, rechazó que un trabajo escrito como el de Palacio sea penalizado.
Según Jiménez, la ley, el derecho y las tendencias internacionales admiten que los funcionarios públicos estén expuestos a “casi todo y que tienen que aguantar”, ya que son las consecuencias de manejar el poder, pero aceptó que varios medios de comunicación mantienen posiciones belicosas para posicionar agendas.
En este sentido apoyó la idea que no se penalicen las aseveraciones periodísticas contra funcionarios públicos, aunque éstas sean injuriosas, pero –contradictoriamente- admitió que en el caso de Palacio, sí debió plantearse un juicio, respetando ciertos parámetros.
León Roldós, quien acompañó a Palacio, como representante legal en la primera audiencia que por el delito de injurias calumniosas se sigue contra el periodista, dijo “No quiero hacer una defensa de Emilio Palacio, soy uno de sus abogados”, aduciendo que el Presidente de la República, Rafael Correa, tiene como práctica la descalificación cotidiana, sin mostrar prueba alguna de su aseveración. “El Presidente no es de aquellos que se cuida de hablar y de calificar”, dijo.
Habló de servilismo de la justicia y –tras defender la tesis del rotativo- llamó a la reflexión a los asistentes e insistió en comparar el caso del medio de comunicación, con las situaciones indemnizatorias de los Derechos Humanos, como el de la desaparición de los hermanos Restrepo y de Consuelo Benavides.
En su calidad de abogado del ex editorialista de El Universo, defendió abiertamente los argumentos del medio, e insistió en que el caso puede ser llevado a la Corte Interamericana, una vez que se agoten las instancias internas.
En el foro también estuvieron presentes el abogado del diario, Joffre Campaña y la política opositora y sobrina de León Roldós, Martha Roldós Bucaram.
