Los casos de los abuelos que han sido detenidos por no cancelar las pensiones alimenticias de sus nietos impulsaron el trabajo de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, que hizo un proyecto de reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.
Luego de recoger sugerencias de los asambleístas, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies) y de otros entes afines a la defensa y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la comisión propone para segundo debate que ante la ausencia o insuficiencia de recursos del progenitor, su padre o madre asuman el pago de pensiones, pero con ciertos atenuantes.
Primero, el juez deberá tomar en cuenta los ingresos de los abuelos, denominados legalmente como “obligados subsidiarios” para establecer una tabla de pensiones.
Bajo esta matriz, la autoridad competente analizará si los adultos mayores tienen limitaciones económicas a consecuencia de enfermedades catastróficas o por discapacidad. El estudio incluye si los ancianos superan los 65 años, si reciben el Bono de Desarrollo Humano, y si sus gastos son suficientes para su subsistencia.
La reforma precisa que de los ingresos del obligado subsidiario el juez ordenará la deducción para la seguridad social e impuestos.
Armando Aguilar (PAIS) fue designado por la actual presidenta de la mesa legislativa, Scheznarda Fernández, como el proponente de esta reforma ante el pleno.
El asambleísta tiene previsto hoy exponer los lineamientos de la propuesta, sobre todo, la situación de los adultos mayores.
En torno a la orden de prisión para los obligados subsidiarios, Aguilar indicó que no se procederá contra quienes hayan cumplido los 65 años o que padezcan alguna enfermedad catastrófica o discapacidad severa.
Añadió que en el caso de los otros obligados subsidiarios como son los tíos irán detenidos cuando no se haya cumplido con el pago mensual de dos o más pensiones.
“Las reformas son necesarias porque los jueces realizan una mala aplicación de la normativa”, dijo. Criterio que fue compartido por Francisco Ulloa (MPD), quien sostuvo que no se puede garantizar el derecho de los menores vulnerando el de los ancianos. “La actual ley no está acorde con la realidad, porque muchas veces los abuelos no pueden valerse por sí solos”, expresó ángel Sarango, abogado en libre ejercicio.
Uno de los casos más conocidos en Guayaquil fue el del arresto que sufrió en mayo de 2010, Agustina Espinoza, de 65 años, por retrasarse en el pago de la manutención de sus cuatro nietos.
